La urgencia de un pacto de Estado

La pérdida de confianza de los mercados está motivada principalmente por el enorme endeudamiento de familias, empresas y las distintas Administraciones Publicas, junto a las entidades financieras, a las que se suman las dificultades para la recuperación económica, y, por tanto, nuestra capacidad para devolver lo adeudado, lo que conlleva turbulencias, caída de la bolsa, y un alto diferencial con el bono alemán, a la vez que a la practica desaparición del crédito para empresas y familias.

Cuatro millones y medio de parados, el cuarenta por ciento de ellos viven en hogares en donde todos están sin empleo, conlleva una situación familiar de extrema gravedad, además insostenible, mientras las expectativas de recuperación del empleo son difíciles en la situación actual, por lo que el Estado tiene que facilitar la recuperación llevando con reformas precisas, a la vez que apoyarlos temporalmente hasta que el empleo vuelva a fluir.

Una crisis que ha evidenciado, con toda su crudeza, las debilidades de la economía española, reafirmando el error de no haber realizado, en el pasado, las reformas estructurales que vienen condicionando su capacidad competitiva. A la vez que despertar del ensueño de que todo era posible y gratis total.

Del exceso de burocracia, que incluso lleva a duplicar competencias entre Administraciones, que junto a televisiones y empresas públicas, entre otros muchos centros de gasto, precisan de una profunda restructuración y de la necesidad de configurar un nuevo marco de actuación, que permita recuperar la confianza y la inversión productiva.

La solución no esta en reducir el déficit vía inversiones, que conllevará graves problemas para el crecimiento, sino en reducir drásticamente el gasto no productivo, así como el de sociedades e instrumentos creados al albur del crecimiento continuado de los recursos y que hoy se constatan inviables, porque este es realmente el principal problema de las Administraciones Públicas.

Igualmente no es posible seguir con una balanza comercial negativa, que sólo se ha reducido durante la crisis, aunque ante el menor repunte del consumo, como pasó en el segundo trimestre de este año, se incrementan las importaciones, y el déficit exterior se hace insoportable. Está ampliamente constatada la perdida de competitividad, entre otros, por el diferencial de inflación con nuestros principales competidores, -este año estando en situación de crecimiento negativo que se estima del -0,3 por ciento del PIB mientras que la media de la Unión es positivo, según Eurostat la inflación en España al mes de noviembre es del 2,2 por ciento, por encima de la media de europea del 1,9 por ciento- lo que genera nuevas pérdidas de competitividad.

Al que se suma el mayor coste de la seguridad social a las empresas, que afecta directamente a los costes de producción, lo que no sólo dificulta su competitividad exterior sino facilita las importaciones. La reducción de los ingresos por esta vía podría compensarse con el incremento del IVA, lo que mejoraría nuestra competitividad exterior y también interior con los productos importados ya que el IVA afecta a todos por igual y nuestros costes por el menor coste de la seguridad social se verían reducidos.

El mercado exterior es uno de los pilares en que ha de basarse la recuperación económica, por ello la trascendencia de producciones con mayor valor añadido, junto a incrementos de productividad para mejorar su internacionalización en un mercado cada vez más global y competitivo.

La recuperación de la economía se enfrenta, además, a debilidades básicas en factores vitales para la producción, como pone de manifiesto el informe PISA 2009, al constatar que el nivel educativo de los españoles de quince años es inferior a la media de la OCDE, en comprensión lectora, competencia matemática y competencia científica. Otro informe de la OCDE evidencia que el acceso a Internet en banda ancha España sigue por debajo de la media. En el apartado de I+D+i, la inversión española se encuentra por debajo de la media europea.

Aunque es innegable que se han dado importantes pasos, la gravedad de la situación económico-financiera demanda acometer en su totalidad las reformas estructurales, para recuperar la confianza y activar la inversión y el crédito. Pero difícilmente estas se podrán acometer sin el compromiso mayoritario del Parlamento, dados los altos costes políticos que las reformas conllevan. No es tiempo de políticas de partido, sino de políticas de Estado, es el tiempo de un gran Pacto Nacional, o al menos, entre los dos grandes partidos nacionales.

Un Pacto Nacional que incluya la redefinición del modelo autonómico, desde la financiera a la de prestación de servicios. Comunidades, Diputaciones, Ayuntamientos, y el propio Estado, están conllevando, cada vez más duplicidades en competencias y disfunciones administrativas. La reducción de burocracia se hace imprescindible al encarecer y dificultar, en muchos casos, la puesta en marcha de la actividad empresarial, a la vez que recuperar la unidad de mercado, la seguridad jurídica y una política fiscal incentivadora de la actividad económica y del ahorro.
La educación, la Formación Profesional y la universitaria precisan una revisión profunda en los medios, objetivos, financiación, y más aún en la necesidad de ajustarse a las nuevas demandas profesionales.

En energía España no puede seguir dependiendo de la importación de más del ochenta por ciento de la energía que consume, y tampoco seguir creyendo que la solución está en las renovables. El mix energético ha de implicar todas las energías y singularmente la energía nuclear.

La reforma del mercado laboral debe garantizar la estabilidad en el empleo, y reforzar los derechos de los trabajadores, a la vez que permitir e incentivar la movilidad. Es preciso posibilitar que los salarios estén indiciados a la productividad, eliminando rigideces y corsés que en nada favorecen al trabajador ni a la creación de empleo.

La Seguridad Social, financiación y prestaciones, junto a las pensiones, y sanidad, precisan adecuarse a la nueva realidad que conlleva la evolución de la población y el empleo, así como, entre otros, el establecimiento del copago que plantea la Unión Europea es absolutamente necesario.

Otro de los aspectos que es necesario incluir como compromiso de Estado, y por tanto sacar igualmente del debate partidista, es el del agua que debe plantearse dentro del contexto de unidad de cuenca. El problema es además, como nos ven y nos valoran desde fuera, factor fundamental cuando son estos los que pueden invertir en nuestro país, y los que nos prestan los recursos para las inversiones. Recuperar la confianza de los mercados es prioritario, y recuperar la economía y el crecimiento del empleo vital para nuestro futuro, por ello el Pacto no solo es imprescindible sino urgente, con independencia del tiempo electoral, y nos obliga a todos.