Impunidad para los anuncios de sexo

Las bandas organizadas se frotan las manos; seguirán comerciando con seres humanos para explotarlos sexualmente y contarán con la ayuda del Ejecutivo, que, a pesar de ser consciente de la terrible realidad que sufren este grupo de personas, en su mayoría mujeres, permitirá que la actividad delictiva continúe por lo menos unos meses más. También los medios de comunicación respiran tranquilos porque supone una importante vía de financiación que ayuda a cuadrar las cuentas a finales de año.

En la actualidad, todo se ha paralizado. El impulso que pareció tomar la negociación entre los grupos parlamentarios se ha diluido. Los mensajes lanzados por el Gobierno en el último año contrastan con la realidad. La ex ministra de Igualdad, Bibiana Aído, y la ex vicepresidenta primera , María Teresa Fernández de la Vega, fueron las principales defensoras de la necesidad de actuar contra este tipo de publicidad, que vulnera los derechos fundamentales de las víctimas y supone un trato vejatorio para las mujeres en general.

Primeros pasos
Tras una primera toma de contactos con los responsables de los diarios para intentar que se autorregularan, fueron conscientes de estaban ante una batalla de largo recorrido. Las presiones y la supresión de la publicidad institucional de algunas campañas del Ministerio de Igualdad no fueron suficientes para convencer a los editores. Es lógico; el negocio mueve 40 millones de euros al año y en época de crisis, especialmente dura en el sector editorial, se hacía necesario un plan de ayudas que mitigaran el golpe de renunciar a esta forma de financiación. A pesar de ello, algunos periódicos, como LA RAZÓN, dejaron de insertar en sus páginas los anuncios de contactos por el contrasentido que tiene denunciar el negocio de la trata en su portada y permitir que sus responsables le lucren a su costa gracias a los anuncios por palabras.

Finalmente, la falta de compromiso de los editores llevó a Aído a buscar fórmulas legales. Por ello, encomendó un informe al Consejo de Estado que, el pasado mes de marzo, ocho meses después del encargo, instó al Gobierno a presentar un plan en el Congreso en un plazo de cuatro meses.

En mitad de todo el proceso, se produjo la «revolución» Rubalcaba en el seno del PSOE y los objetivos ya no parecían los mismos que al principio de la legislatura. De hecho, la primera intervención del nuevo líder socialista supuso volver a los inicios: un nuevo llamamiento a la autorregulación.

Estas declaraciones desvelaban las diferencias internas en el partido. Tras la salida de De la Vega, Aído estaba sola y su nombramiento como asesora de Bachelet en la ONU dejaba todo en el aire. El PSOE envió un borrador a los grupos parlamentarios para que hicieran sus alegaciones y llegó el adelanto electoral. Carmen Montón, portavoz socialista en la Comisión de Igualdad, no pierde la esperanza. «Tenemos margen. Si todos los grupos están de acuerdo en el borrador y en tramitar la ley por la vía de urgencia, se puede aprobar sin abocarlo a pleno, como se ha hecho con otras cuestiones. El trabajo ya está hecho y vamos a intentarlo».

«Muy complicado»
El resto de grupos no es tan optimista. El PP cree que no hay tiempo para cumplir los plazos. Sandra Moneo, portavoz Popular de Igualdad, lo ve «bastante complicado. Hay muchos temas que se van a quedar en el tintero y éste es uno de ellos. Aplazamos el debate del borrador a la primera semana de septiembre y las Cortes se disuelven el 26 y no hay tiempo para su tramitación parlamentaria».

De la misma opinión que Moneo es Carlos Salvador, de UPN, principal impulsor de la supresión de los anuncios de contactos: «Es muy difícil. La única forma posible es que nos movilizaran a todos en agosto y nos pusiéramos a trabajar. Si no es ahora, el que llegue después deberá retomar el trabajo hecho».

Y es que la solución que aventura Montón podría suponer una aprobación precipitada y poco trabajada que no solucionaría realmente el problema. Mientras tanto, las fuerzas de seguridad siguen trabajando para acabar con esta lacra. Durante 2010 se desarticuló una banda delictiva que cada día comerciaba con la vida de mujeres y niñas para explotarlas sexualmente. En varias de las operaciones se comprobó que estas mafias utilizan los medios para hacer negocio. De hecho, una de ellas controlaba la mitad de los anuncios de sexo de los diarios madrileños. Habrá que esperar. El proceso electoral lo devora todo. Mientras tanto, las mafias seguirán haciendo su agosto particular.


LA RAZÓN da ejemplo
El Plan Integral contra la Trata de Seres Humanos puesto en marcha por el Gobierno instaba a los medios de comunicación a autorregularse para renunciar a esta forma de financiación. A pesar del proceso de recesión de la economía provocada por la crisis, LA RAZÓN decidió suprimirlos en diciembre de 2009 en consonancia con los valores que defiende en sus páginas. Es una incoherencia denunciar en unas páginas lo que se publicita en otras.