La «trama de los ERE» ya tiene a todos sus integrantes en libertad

SEVILLa- Francisco Javier Guerrero salió ayer pasadas las diez de la noche de la cárcel Sevilla I donde se encontraba encarcelado desde el 9 de marzo. Su abogado Fernando de Pablo depositó horas antes la fianza de 50.000 euros, cantidad fijada por el juez Enrique Iván Escalera –sustituto de Mercedes Alaya, de baja laboral desde el 3 de septiembre–. Pese a que el letrado del ex director general de Trabajo señaló que no podía reunir esa cantidad y amenazó con un «recurso diario» ante la Audiencia para reclamar la libertad de su cliente, el dinero finalmente ha aparecido. «Hemos hecho de todo», aseguró desde las puertas de la cárcel a LA RAZÓN. Entre otras cosas, «empeñar anillos de la familia».

Guerrero tiene todas sus cuentas y bienes embargados. Alaya le impuso una fianza de responsabilidad civil –ésa aún sigue vigente– por un importe de 686.190.686,36 euros. Con esa cantidad deberá hacer frente a la «devolución de las ingentes cantidades de dinero que de manera presuntamente ilícita han salido del erario público». La titular del juzgado de Instrucción 6 de Sevilla responsabiliza al ex director general de Trabajo de otorgar 456 millones en ayudas sociolaborales –incluidas las facturas de asesoramiento a empresas «sin que en principio conste causa legal para ello»-; 59 millones por subvenciones directas y discrecionales a empresas –la mayoría radicas en la Sierra Norte de Sevilla–; 3 millones para pagar pólizas de prejubilaciones a personas que jamás trabajaron en las empresas acogidas a los ERE –denominados «intrusos»–; y 4 millones en relación con «pagos cruzados», dinero que Guerrero desvió de unas pólizas a otras con una simple orden a la Agencia IDEA, la empresa pública que ejercía de «caja pagadora» dentro la trama.

El ex alto cargo de la Junta de Andalucía entre 1999 y 2008 era el único de los 69 imputados que aún estaba en prisión. Para el Gobierno andaluz es prácticamente el único responsable. Con su salida, todos están libres a la espera de que la instrucción avance y determine las responsabilidades de cada uno y lo lleve a juicio. El 22 de agosto, cuando compareció ante la comisión de investigación de los ERE en el Parlamento –acudió en un furgón policial– señaló que «muchos no imputados» podían resolver «las dudas» de la trama.

En un primero momento, Guerrero entró en prisión de manera incondicional. El 12 de julio, la juez Alaya decretó libertad bajo fianza de 250.000 euros. Fue el mismo día que la Audiencia Provincial revocó una decisión suya y permitió salir de la cárcel con una fianza de 450.000 al ex consejero de Empleo Antonio Fernández. Posteriormente ha sido el juez sustituto el que ha facilitado su excarcelación, fijando su libertad en 150.000 euros primero (el 20 de septiembre) y los mencionados 50.000 euros, cantidad que sí ha podido asumir el ex director general.

Todas estas decisiones han puesto en entredicho la instrucción de Alaya, que ve cómo entre la Audiencia y su sustituto no han respetado sus argumentos judiciales a la espera de que la juez se recupere de su enfermedad y tome de nuevo las riendas del caso.