El juez que decide el futuro de Luna llegó al TSJ con el aval socialista

El portavoz del PSPV en las Cortes Valencianas, Ángel Luna, explicará hoy ante el juez si pagó o no la reforma que el empresario Enrique Ortiz – implicado en el «caso Brugal»– realizó en su piso, así como un coche, propiedad de Ortiz, que pasó a manos de Luna en 2002

El portavoz socialista en el Parlamento valenciano, Ángel Luna
El portavoz socialista en el Parlamento valenciano, Ángel Luna

Su defensa no la hará ante un desconocido, sino ante el magistrado del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV), Joan Climent, persona afín al PSPV-PSOE y con la que Luna compartió responsabilidades de Gobierno en 1983.

Las Cortes Valencianas aprobaron una resolución el 19 de abril 1989 en la que se acordó designar a Joan Climent y a Juan Montero como magistrados de las salas de lo Civil y Penal del TSJCV. El primero salió de la terna presentada por la propuesta del PSPV y el segundo, a petición del grupo popular.

Unos años antes, en 1983, Joan Climent fue nombrado secretario general técnico del entonces presidente de la Generalitat valenciana, el socialista Joan Lerma. Así pues, durante seis meses Luna y el juez compartieron responsabilidades de Gobierno, ya que el ahora portavoz socialista del Parlamento valenciano fue hasta el 29 de julio de 1983 consejero de Sanidad. Dejó su cargo para ser senador. Además, Ángel Luna pasó de secretario general técnico del Gobierno de Lerma a convertirse en miembro de la Comisión de Informática de la Generalitat.

Operaciones urbanísticas

Por otro lado, el Ayuntamiento de Benidorm, gobernado por el tránsfuga socialista Agustín Navarro, ha desbloqueado el Proyecto de Adecuación Urbanística (PAI) denominado Armanello, de la ciudad de Alicante, adjudicado en 2002 a la empresa Enrique Ortiz e hijos, en la que el portavoz del PSPV en las Cortes trabajó a través del grupo Inmovist Inversiones Inmobiliarias, S.A., según fuentes del Partido Popular.

Concretamente fue el 5 de febrero cuando Navarro anunció que desbloqueaba dicho plan, que fue aprobado y adjudicado de manera definitiva en 2002 bajo el mandato de Pérez Devesa.
La relación entre Ortiz, Ángel Luna y Benidorm se produce cuando aparece en escena el grupo Inmovist Inversiones, perteneciente al grupo Ortiz, y donde el socialista Luna ocupó la responsabilidad de consejero y secretario.

Según las mismas fuentes, la intervención de Luna en el Plan Armanello fue clave, ya que en la época en que se gestó el proyecto, él era consejero y delegado de Inmovist.

Armanello supone el desarrollo urbanístico de 600.000 metros cuadrados y la construcción de 4.300 viviendas de lujo. Apuntan también que el capital de la empresa pasó de 2,4 millones de euros a tres millones en apenas cinco meses, desde que entró en la misma el síndico socialista.


El PSPV y la presunción de inocencia
El portavoz del PP en las Cortes Valencianas, Rafael Blasco, criticó que durante más de año y medio tanto Luna como el secretario general del PSPV, Jorge Alarte, hayan equiparado la condición de imputado a la de condenado, excepto ahora, cuando «les ha tocado de cerca y se han dado cuenta de que no es así». Blasco insistió en que el PP respeta la presunción de inocencia y las decisiones de la Justicia. No obstante, recordó que Luna se ha intentado erigir en juez y parte, intentando suplantar a los tribunales y pervirtiendo lo que es «otro principio básico de la democracia: la separación de poderes». El popular señaló además que Luna ha intentado convertir el Parlamento valenciano en el estrado de un tribunal inquisitorial mostrando informes adquiridos de forma ilícita, cuestión de la que no dio explicaciones.