El presidente de la FAMP se suma a la Junta y pide un período transitorio en la retirada de ayudas a VPO

El presidente de la Federación Andaluza de Municipios y Provincias (FAMP), Francisco Toscano, pidió ayer que los recortes en las ayudas a vivienda protegida no tengan un carácter retroactivo y demandó que se establezca un período transitorio a la hora de aplicar estas medidas, lo mismo que ha reclamado la Junta de Andalucía.
En declaraciones a Ep, Toscano precisó que a inicios de septiembre está prevista una reunión con la Consejería de Obras Públicas y Vivienda para la creación de un grupo de trabajo y analizar qué postura común se puede plantear al Gobierno central.
Para Toscano, «es fundamental que esas medidas no tengan un efecto retroactivo y las viviendas que ya están en marcha y calificadas no se vean afectadas».
Asimismo, pidió que el Ministerio habilite «un período transitorio y que las medidas a tomar no se apliquen de golpe desde el 1 de enero de 2011».
El presidente de la FAMP consideró que si este recorte «se hace de forma dialogada no tiene por qué afectar económicamente al sector de la construcción».
«Lo importante es hacer viviendas económicas, por encima incluso de las ayudas, y para ello el primer factor es tener suelo disponible y eso no es un problema del Estado, sino de los municipios», aseveró. Igualmente, pidió a los bancos, «que faciliten» el crédito.
A su juicio, "la situación no será tan grave una vez que se disponga de ese suelo económico para construir VPO tanto de régimen especial, general y régimen autonómico y municipal y se acojan a las de régimen especial que son las únicas que, con ayudas o sin ellas, resultan asequibles a los compradores".
"Si se potencia la construcción de viviendas en régimen especial, para lo cual es necesario que el suelo sea supereconómico, y además se conservan las deducciones fiscales, la eliminación de las ayudas no será algo tan grave", aseveró Toscano, quien insistió en que dichas ayudas "son importantes pero no esenciales, más esencial es que exista disposición a hacer viviendas de régimen especial que las ayudas del Estado, y hacer viviendas a precio a asequible está en manos de gobiernos autonómicos y municipios".
Para el presidente de la FAMP, "es un problema de prioridades y de apretarse el cinturón en todas las administraciones y si se da un diálogo y si existe voluntad de todas las partes afectadas en poner de su parte, no tiene que haber incidencia".
En su opinión, "más fundamental y determinante es garantizar los créditos por parte de los bancos que la recepción de esas ayudas del Estado, pues las viviendas están más bloqueadas por falta de crédito que por falta de ayudas".