El Ayuntamiento de Almonte expedienta ahora a Bamar 2000

SEVILLA-El Ayuntamiento de Almonte (Huelva) ha optado al final por levantar la espada. Después de que hace casi dos meses LA RAZÓN avanzara que el PP había puesto una denuncia contra el alcalde del municipio y senador del PSOE, Francisco Bella, por permitir que la sociedad dueña del hotel El Coto de Matalascañas, Bamar 2000 SA, explotara durante años el aparcamiento público que hay en sus inmediaciones, le ha abierto expediente.

Según consta en un decreto firmado por el primer teniente de alcalde almonteño, Francisco Agustín Periáñez, se ha incoado procedimiento «a la actividad clandestina de aparcamientos de vehículos que se ejerce en la parcela ubicada al norte del gran hotel El Coto (sector D, segunda fase), en Matalascañas, por resultar ilegítima, contraria a derecho el ejercicio de la misma, e incompatible con las condiciones urbanísticas establecidas en el planeamiento municipal vigente que le resulta de aplicación, siendo su titular y responsable la entidad Bamar 2000 SA». Un proceso que podría acabar con la clausura de unas instalaciones que, fuentes municipales, no entienden cómo el Consistorio «puede calificar ahora de clandestinas cuando llevan ahí dieciséis años».

Aunque tarde para algunos, el propio Ayuntamiento en una inspección que se realizó el pasado 6 de julio comprobó que «existía una persona vigilando el acceso» a un parking que legalmente es público. «Preguntado al mismo lo que hacía allí –se asevera en el informe municipal al que ha tenido acceso este periódico– contesta que su misión es controlar que los coches que entren sean de clientes del hotel El Coto».

Cabe recordar que los populares aportaron en el juzgado, entre otra documentación, un ticket por un importe de siete euros al día. Si se multiplica esa cantidad por las 150 plazas que, como mínimo, ocupan los clientes del hotel durante los tres meses de verano, el montante económico derivado de la gestión del parking rondaría los 100.000 euros, sólo en el periodo estival.

El despropósito se incrementa si se tiene en cuenta que hace cinco años que una sentencia avalada por el Tribunal Supremo otorgó la propiedad de la parcela en cuestión al Consistorio de Almonte, pese a que la esté gestionando una entidad privada, según el PP. En ese sentido, los populares critican la «evidente dejación de funciones» del Gobierno local que «ha permanecido cruzado de brazos durante años mientras se estaban lesionando los derechos de los almonteños».

Sin embargo, el concejal y portavoz del PSOE en la corporación local, José Villa, aseguró ayer a este diario que «eso no es así». Admite que el polémico aparcamiento es público, según un fallo del TS, pero puntualiza que «la titularidad de la parcela, que tiene muchas cargas, no lo es». Asegura que el Ayuntamiento «lleva años pleiteando en los tribunales porque es el principal interesado en que este tema se resuelva». Mientras, ¿seguirá en el limbo legal?

Delitos de malversación y abandono
LA RAZÓN ya informó en su edición del pasado 17 de junio que el PP había presentado una denuncia en el juzgado de La Palma del Condado (Huelva) ese mismo día contra el alcalde de Almonte, Francisco Bella, por un presunto delito continuado de malversación de bienes inmuebles y otro de abandono de destino, que pueden conllevar penas de cárcel e inhabilitación. Los populares confían en que los tribunales depuren «las responsabilidades tanto penales como civiles que se hubieran podido producir en torno a la ocupación de una finca de propiedad pública en la zona turística de Matalascañas y el parking existente en ella».