Contra el fraude y el despilfarro

El Gobierno de Mariano Rajoy está firmemente decidido a combatir el fraude y el despilfarro de las administraciones públicas, según se desprende de las decisiones tomadas ayer por el Consejo de Ministros. Su portavoz, Sáenz de Santamaría, informó de que se pondrá en marcha una serie de medidas estudiadas por los técnicos tributarios, tales como limitar el volumen de las transacciones en dinero efectivo, para aflorar bolsas de economía sumergida y perseguir conductas fraudulentas. Hacienda calcula que así podrá recaudar más de ocho mil millones de euros. Ni que decir tiene que la persecución del fraude fiscal, exigencia elemental en un Estado de Derecho, resulta especialmente necesaria cuando a los contribuyentes se les impone un esfuerzo añadido para cuadrar las cuentas públicas. Bienvenidas sean, por tanto, las medidas del Gobierno, que incluso deberían ser más ambiciosas para atajar una economía sumergida cuyo volumen se estima en 200.000 millones de euros. Tampoco debe temblarle el pulso a Rajoy a la hora de poner coto a la sangría constante que para las arcas públicas supone la proliferación de entes públicos, una especie de administración paralela que en los últimos siete años ha engordado un 50%. Según un informe de Hacienda, existen a día de hoy más de cuatro mil organismos, consorcios y entidades que se superponen en los niveles local, autonómico y estatal sin mucho orden ni concierto, duplicando funciones y solapando competencias. Buena parte de este entramado público fue creado por interés partidista para colocar a dirigentes sin oficio ni beneficio y a familiares y amigos de altos cargos, de modo que se ha generado un ejército de interinos cuyo coste es escandinavo y su productividad es africana. Pero sobre todo ha sido utilizado para encubrir grandes partidas de gasto y maquillar el déficit real. Ante tamaño escándalo, el anterior Gobierno ya planteó en 2010 suprimir 515 organismos. La poda, sin embargo, se quedó en sólo 71. El equipo de Rajoy debe poner un interés preferente en este asunto porque es incongruente que se combata el fraude fiscal, por un lado, mientras que por otro se admite el fraude de unas entidades sin razón de ser. En este punto, como en el de la economía sumergida, es imprescindible el protagonismo de las comunidades autónomas. La portavoz del Gobierno anunció ayer que en este mes se reunirá el Consejo de Política Fiscal y Financiera para abordar estas cuestiones. Será ocasión oportuna también para acordar las líneas de la Ley de Estabilidad Presupuestaria, los límites de gasto y de déficit, así como la nueva política de financiación. Nadie debe olvidar que la Constitución ha sido reformada precisamente para eso, para impedir nuevos despilfarros de políticos irresponsables. Ya era hora.