Con el agua al cuello

La crisis es de tal dimensión, que ha terminado afectando incluso a los sectores teóricamente más seguros, como el alimentario o el de la salud. Todos tenemos que comer y utilizar medicinas cuando lo necesitamos, lo que podría llevarnos a pensar que las empresas que se dedican a esas actividades tienen menos problema frente a la crisis. No es así. Las cifras conocidas recientemente son preocupantes. En sanidad, las autonomías deben casi cinco mil millones de euros en medicamentos, y algunas no los liquidan desde hace más de dos años.

Igual ocurre con el material quirúrgico y hospitalario. Tan extrema es la situación que muchas de las empresas suministradoras están en quiebra, y hay multinacionales que han tomado la decisión de no invertir en España. Como es lógico, la cuerda se rompe siempre por la parte más débil, que en este caso son las farmacias rurales, por ser establecimientos pequeños con menos posibilidad de aguantar sin ingresos durante demasiado tiempo. Así, hemos conocido el hecho casi insólito del cierre de farmacias en Fuensalida y Cedillo del Condado, amen de nuevos impagos temporales en Murcia y La Rioja. En Cataluña 150 boticas acaban de decidir que no abrirán de noche ni harán guardias, por falta de fondos. La facturación en las farmacias catalanas cayó el pasado mes de marzo un 12 por ciento, y prevén despedir a entre 2.000 y 3.000 trabajadores. Lo mismo ocurre en otras partes de España. A esta situación contribuyen sobremanera las administraciones, particularmente aquellas que han decidido no pagar. Gobiernos como el de Castilla-La Mancha tienen razones de peso para actuar así (el presupuesto fue del todo laminado por el anterior gobierno socialista), aunque hubiera sido probablemente más razonable repartir los impagos entre todos los sectores en vez de castigar a uno. El resultado es que las oficinas débiles no pueden continuar con el negocio porque carecen de fondos para adelantar el dinero que la administración ha dejado de liquidarles.

Con formas incluso poco comprensibles, se ha llegado en algún momento a emplear palabras gruesas contra los farmacéuticos, amenazando además con suprimir el modelo actual de Farmacia. Amenaza fuera de lugar porque, sin entrar en si sería bueno o no, lo que es evidente es que las administraciones tienen que pagar los medicamentos que prescriben. Nadie puede pretender lo contrario. Conozco muchos modelos de farmacia y, francamente, no me parecen mejores los que hay implantados en Latinoamerica o incluso Estados Unidos, donde te venden los medicamentos en cualquier supermercado, sin que los empleados tengan conocimiento específico alguno. El modelo español puede y debe ser mejorado, eliminando monopolios y liberalizando horarios, pero tiene características que conviene preservar: que los españoles tengan acceso a los medicamentos en igualdad de condiciones independientemente de dónde vivan, y la ubicación de oficinas de farmacia hasta en los lugares comercialmente menos atractivos, como pueden ser los barrios marginales o el medio rural. A esos ámbitos es justamente a los que afecta más de lleno el impago de los medicamentos por parte de las administraciones.