Expertos económicos dan un tirón de orejas a la política fiscal de Griñán

SEVILLA- Expertos y empresarios dieron ayer un tirón de orejas al Gobierno andaluz por su «errática» política fiscal. Los agentes económicos y sociales hicieron sus aportaciones al proyecto de ley de medidas fiscales para la reducción del déficit público –en el marco de la comisión de Hacienda y Administración Pública celebrada en el Parlamento andaluz– y alertaron del «exceso del gasto público» de la Administración autonómica y de la «intensa presión fiscal» que se ejerce sobre los ciudadanos.

Uno de los más críticos fue el presidente del Observatorio Económico de Andalucía, Francisco Ferraro, quien puso de relieve que el exceso de empleo público de la Junta supone un «lastre» para la economía de la región. Andalucía cuenta con medio millón de empleados públicos, un 18 por ciento más que el resto de las administraciones de España. «Hay 3,5 empleados públicos por cada millón de euros de Producto Interior Bruto», subrayó.

En el caso de los ayuntamientos y diputaciones, el gasto se dispara, por lo que exigió una reforma «real» de la Administración para reducir el déficit. «Así lo apuntan las normativas europeas, los mercados, el Fondo Monetario Internacional y el gobernador del Banco de España», señaló. En relación a la reducción de cargos directivos llevada a cabo por el Ejecutivo de Griñán, Ferraro cree que tal medida es «insuficiente» porque «en realidad no se reduce el empleo, sólo algunos cargos y se eliminan pocas empresas».

Por su parte, Rafael Salgueiro, miembro del Observatorio, recordó que «Andalucía es deficitaria financieramente desde siempre», por lo que pidió «más austeridad» a la hora de plantear nuevas medidas fiscales en tiempos de crisis. Éstas pasarían, según lo anunciado hasta el momento, por gravar las rentas por encima de los 80.000 euros, los depósitos bancarios, las bolsas de plástico y la gasolina. «Esto no va a contribuir a la sostenibilidad financiera de la comunidad», apuntó Salgueiro.

Para la CEA, la política fiscal «debe servir de estímulo a la actividad económica y no penalizar la actividad productiva con un afán recaudatorio». El secretario general de la patronal andaluza, Antonio Carrillo, alertó de la posibilidad de que las empresas «huyan» de la comunidad con estas medidas y se instalen en otras zonas «donde encuentren más comodidades».

En las filas de los grupos políticos, el que se mostró más beligerante fue el representante del PP, Salvador Fuentes, quien denunció que las medidas planteadas «vienen a profundizar en los problemas de competitividad que tienen las empresas andaluzas». A su juicio, «los más débiles vuelven a pagar los platos rotos», por lo que exigió demorar los nuevos impuestos hasta que mejore la situación económica.