«He luchado mucho por un derecho que me quitó ETA»

MADRID- La modificación de la Ley Orgánica de Régimen Electoral General (LOREG) que permitirá a aquellas personas que se vieron obligadas a abandonar el País Vasco por la amenaza de ETA, tal y como adelantó LA RAZÓN en su edición de ayer, ha sido bien acogida por sus más directos afectados. Aquellos que, si un adelanto electoral de las elecciones autonómicas no se lo impide, podrán votar muchos años después, si así lo deciden. «He luchado mucho por un derecho que me quitó ETA y desde luego, si se permite y se dan las garantías suficientes de confidencialidad del domicilio, votaré» asegura Carlos Ruiz Cortadi, víctimas y desterrado por la violencia de la banda terrorista.
Como él, entre 200.000 y 300.000 afectados podrían volver a ejercer su derecho al voto. Sin embargo, no todos darán el paso. ¿El motivo? El miedo. «Creo que no va a ser mayoritario», afirma Cortadi, quien desvela que tiene amigos, a los que por más que intenta convencerlos, no votarán. «Va a haber mucha desconfianza en los desterrados. Les supera el miedo», relata. Dar el primer paso tras muchos años de amenazas será complicado. Por ello, pese a las reticencias iniciales, Cortadi cree que en el futuro habrá una mayor participación en los comicios. «Cuando en el futuro se vea que no pasa nada seguro que da el paso adelante más gente», confía, al mismo tiempo que reclama el mismo derecho para su mujer e hijos. «Me parece un error que se planteen dudas de si tienen que votar nuestros familiares».
Por su parte, el ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, reiteró ayer su apoyo a la iniciativa impulsada por el PP y el Ministerio del Interior para asegurar que «para nada» el calendario electoral vasco «condiciona» el deseo del Gobierno de que puedan votar los exiliados vascos por el terrorismo. El titular de Interior salió además al paso de quienes ven en esta medida un beneficio electoral. «Es una cuestión de principios y no una cuestión electoral», y sería razón suficiente, según dijo en una comparecencia en el Congreso, que «una sola persona se le hubiera privado de ese derecho fundamental para que se estudiara la posibilidad de que lo pudiera recuperar», informa Efe.
Al tratarse de una modificación de la Ley Orgánica de Régimen Electoral General, el ministro apuntó en una comparecencia en el Congreso lo «conveniente» de hacerla con el «máximo nivel de consenso» entre los partidos políticos. De hecho, la voluntad del Gobierno es ponerse «inmediatamente» en contacto con el resto de las fuerzas políticas, especialmente con el PSOE, y abrir las negociaciones necesarias para hacer posible esta «asignatura» de la democracia que quedaba pendiente en democracia.