CSIF lleva al TSJA el intento de la Junta de hacerlo partícipe del «decretazo»

La central está a la espera de su admisión a trámite para redactar la demanda. Aquella convocatoria fue el último intento de la Junta de Andalucía para que CSIF aceptara el acuerdo al que la Administración ya había llegado con CC OO y UGT y que modificaba de manera puntual el decreto-ley 5/2010 de reordenación del sector público.

Como CSIF no lo hizo –y ante la presión también de otros sindicatos y plataformas de funcionarios–, la Junta decidió impulsar un nuevo decreto-ley –el 6/2010– prácticamente idéntico al anterior que se tramitará como proyecto de ley y que hoy se convalidará en el Parlamento gracias a la mayoría absoluta del PSOE-A. Tanto PP como IULV-CA ya han anunciado su intención de votar en contra y solicitan la derogación del texto.

El proceso político que se abre ahora es sencillo. El Gobierno andaluz calcula que a mediados de febrero –se tramita por el procedimiento de urgencia– estará finalizado. El PSOE tiene mayoría en la Cámara y con la comparecencia de los sindicatos contrarios al texto en la Comisión pretende trasladar una imagen de «búsqueda de consenso» y ganar «legitimidad política».
Otra cosa distinta es la vía judicial abierta. «Es una maraña legal», afirma en declaraciones a LA RAZÓN Alicia Martos, la presidenta del Sector de Administración Autonómica de CSIF-A.

La Junta ha utilizado en las dos ocasiones la figura del decreto-ley, un procedimiento de urgencia que limita la capacidad de los afectados. De hecho, hay que ir al Tribunal Constitucional para recurrirlo, facultad que sólo ha podido ejercer el PP a través de sus 50 diputados en el Congreso. El Defensor del Pueblo lo rechazó, y ni las Cortes Generales ni la propia Junta lo iban a hacer.

Además, la maniobra de la Junta de convocar la Mesa General de la Función Pública para incorporar los acuerdos alcanzados con CC OO y UGT le permitirá asegurar que no ha habido «inexistencia de la previa negociación colectiva como establece el Estatuto Básico del Empleado Público», uno de los argumentos de la demanda ante el TC del PP.

Por ese motivo, el nuevo recurso presentado por CSIF solicita que se anule el acuerdo de esa Mesa, ya que, asegura el sindicato, «traspone literalmente» el alcanzado el 29 de octubre con CC OO y UGT considerado «ilegal e ilegítimo» porque se pactó en el ámbito de la Mesa de la Concertación Social. Este foro, en el que también participa la Confederación de Empresarios de Andalucía, entienden desde CSIF que negocia políticas económicas y empleo privado, pero no cuestiones que afectan al empleado público.

Al margen de los aspectos más formales y de los foros e interlocutores elegidos para negociar la reordenación del sector público, los aspectos de contenido también están recurridos ante el TSJA –por diversas centrales sindicales– y ante el TC –por el PP–. Como estos aspectos son los mismos en el decreto-ley 5/2010 y 6/2010 todos tienen vigencia.

CSIF espera que en próximas fechas el TSJA se pronuncie sobre el recurso interpuesto en agosto por la vía especial de protección de los derechos fundamentales en los que recurría el acuerdo del Consejo de Gobierno que dio origen al primer decreto y que vulneraba varios artículos de la Constitución.

Al margen de las vías política y judicial, están los actos de protesta. Hoy habrá uno nuevo convocado por CSIF: una cadena humana entre las 14:30 y las 15:30 horas en torno al Palacio de San Telmo en Sevilla, sede de la Junta de Andalucía, así como en edificios emblemáticos en todas las provincias. Por la tarde, varias plataformas protestarán en el Parlamento, mientras se debate la convalidación del decreto por los grupos políticos.