El Gobierno respalda la marcha del juez a La Haya pese a estar apartado

MADRID- La suspensión acordada el pasado viernes por el Consejo General del Poder Judicial respecto al juez Baltasar Garzón no es obstáculo alguno para que tanto el Gobierno, a través del Ministerio de Asuntos Exteriores, como la Fiscalía de la Corte Penal Internacional (CPI) reiteren su visto bueno y oferta, respectivamente, para que ejerza como «consultor externo» de la CPI.Asuntos Exteriores recibió ayer mismo la petición del Consejo General del Poder Judicial para que se pronunciara sobre si continuaba apoyando la petición de Garzón. Horas después, el Departamento del que es titular Miguel Ángel Moratinos confirmaba el interés de España en el ofrecimiento realizado al magistrado Garzón por las mismas razones expuestas en su informe anterior. Es decir, se enmarcaría en el interés del Ejecutivo en reforzar los «medios materiales y humanos» de la Corte Penal Internacional.También ayer mismo se recibía la respuesta de la Fiscalía de la CPI al nuevo requerimiento del Consejo. Y, en esta ocasión y como era igualmente previsible, tampoco hubo modificación. La nueva situación de Garzón, suspendido cautelarmente en el ejercicio de sus funciones, no ha alterado el interés del fiscal jefe, Luis Moreno Ocampo, en tenerle como asesor en el tribunal de La Haya.«No se advierten razones para modificar la decisión de contratar» a Garzón como «asesor legal de la Fiscalía de la Corte Penal Internacional», afirma al respeto Moreno Ocampo. Y ello porque, en virtud del principio de presunción de inocencia, «ni la iniciación de un proceso penal contra el mencionado magistrado, ni su consecuente suspensión» cautelar, «constituyen un obstáculo para su contratación».Además, especifica, en respuesta a la pregunta taxativa realizada al respecto por el CGPJ, que ese cargo «no incluye ningún tipo de inmunidad penal», toda vez que el magistrado se halla inmerso en tres querellas admitidas contra él por el Supremo. En esa misma respuesta, la Fiscalía de la CPI expresa su respaldo a la decisión adoptada por el órgano de gobierno de los jueces y magistrados. «La Fiscalía conocía la investigación y comprende que, de acuerdo a la Ley Orgánica del Poder Judicial de España, debía ser suspendido de sus funciones», destaca.Por otro lado, la Fiscalía del TS enviará hoy al CGPJ su informe sobre si entiende que es posible estar en servicios especiales y, a la vez, suspendido. La Sala Penal del TS también tiene previsto dictaminar sobre en qué manera puede incidir el traslado de Garzón a la CPI. Con esos informes, y el de la Secretaría General del CGPJ, se pronunciará la Comisión Permanente del Consejo, que se reúne hoy.

El fiscal insiste en su absoluciónLa Fiscalía del Tribunal Supremo reitera en su escrito de calificación provisional que Baltasar Garzón no incurrió en delito alguno cuando asumió y, posteriormente, se inhibió en favor de los juzgados territoriales, la investigación de los crímenes del franquismo. Pide por ello su absolución.