Bruselas
Trichet defiende el castigo para los países que pierdan competitividad
En vísperas de que la Comisión Europea desvele sus propuestas para endurecer la disciplina fiscal de los Estados miembros, y sancionar a los derrochadores entre los Veintisiete, el presidente del Banco Central Europeo, Jean-Claude Trichet, volvió a dejar claro que es partidario de la línea dura apoyando un amplio abanico de castigos para los países que pierdan competitividad
En su comparecencia ante la comisión de Asuntos Económicos del Parlamento Europeo, Trichet insistió en dar dientes a las autoridades europeas para que puedan morder cuando haya desequilibrios macroeconómicos que amenacen la estabilidad del euro, señalando como «fuente grave de inestabilidad» la pérdida progresiva de competitividad.
Bruselas ha señalado en numerosas ocasiones que nuestro país tiene que mejorar su productividad para ser más competitivo. La vicepresidenta segunda del Gobierno, Elena Salgado, no se mostró favorable a sancionar la pérdida de competitividad de los Estados miembros, ya que los desequilibrios macroeconómicos no dependen sólo de los dirigentes políticos.
Mañana, la Comisión propondrá una serie de sanciones financieras y automáticas, que incluye el pago a un depósito del 0,2% del PIB del país, que se convertiría en una multa en caso de que el Estado miembro no cumpliera las recomendaciones europeas para corregir el déficit y la deuda.
También se incluirán otras dirigidas más contra la reputación de los países, como el envío de misiones de expertos para supervisar las cuentas nacionales.
Trichet volvió a respaldar ayer las sanciones políticas, e incluso insistió en la suspensión de voto para infracciones graves.
FMI: más control a bancos
Las 25 principales economías del mundo tendrán que someterse a exámenes periódicos de la salud de su sistema financiero, según anunció ayer el Fondo Monetario Internacional. En un comunicado, el FMI indica que ha votado en favor de convertir en obligatorios sus Programas de Evaluación del Sector Financiero, que hasta ahora tenían carácter voluntario. Entre los países que deberán someterse a esos exámenes se encuentran doce europeos, entre ellos España, los del G7 y emergentes como Brasil, México, China o India.
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