Blasco afirma que con la nueva ley los tránsfugas no gobernarían Benidorm

La asamblea local del PSOE de Benidorm solicitó que se acepte el reingreso en el partido de los tránsfugas.

La nueva Ley de Régimen Local dicta que todos los concejales que hayan abandonado la formación política con la que se presentaron a las elecciones pasarán a ser concejales no adscritos. Así mismo, el artículo 134 de la recién aprobada ley- con los votos en contra del PSPV- establece que no podrán formar grupo propio los concejales que pertenezcan a formaciones políticas, que no se hayan presentado como tales ante el electorado. La ley aclara que nadie podrá pertenecer a ningún grupo de política municipal, ya que no se permite constituir grupos políticos más allá de los diez días siguientes a la constitución de la corporación.Se trata de medidas que buscan impedir que los tránsfugas puedan gobernar, según explicó el conseller de Solidaridad y Ciudadanía, Rafael Blasco, quien incidió en que evita que se produzcan circunstancias como las de Benidorm. La ley pone en un aprieto al actual alcalde de Benidorm, Agustín Navarro y a los once concejales que se dieron de baja en el PSPV para arrebatar el gobierno local con la ayuda de un tránsfuga del PP, José Bañuls. Tanto es así, que dos días después de aprobarse en Les Corts, la asamblea local del PSOE en Benidorm solicitó a la dirección federal del partido la admisión de todos los ex socialistas. En el escrito justifican la actuación de estos ediles alegando que la situación del municipio era insostenible.Blasco recordó que el pasado mes de mayo la Generalitat presentó un recurso contencioso- administrativo contra los acuerdos adoptados por el Ayuntamiento de Benidorm en las sesiones plenarias del 2 y el 26 de octubre de 2009 con el objetivo de proceder a disolver el grupo municipal socialista, ya que sus integrantes son concejales no adscritos, así como la anulación de todos los derechos políticos y económicos de éstos. El conseller de Solidaridad y Ciudadanía confía en que el recurso dará la razón a la Generalitat y devolverá al Ayuntamiento de Benidorm a una situación de normalidad democrática.