Gibraltar oficializa su ocupación ante el silencio del Gobierno

MADRID- Gibraltar ha dado esta semana un paso cualitativo en su política expansionista en las aguas territoriales españolas. El Gobierno de Caruana permitirá extender el negocio de las gasolineras flotantes al lado este del Peñón «sólo durante el día, mientras la luz lo permita y se den las condiciones climatológicas propicias». El nuevo sistema VTS que «monitorizará» el «bunkering», y que fue presentado hace un mes por la Autoridad Portuaria de Gibraltar ha supuesto un desembolso de 700.000 libras (unos 800.000 euros). La reciente instalación de nuevos radares permitirá a las autoridades de la Roca el control y la dirección de las embarcaciones fondeadas en la cara este y que esperan para repostar en el agua.

Además de los riesgos medioambientales que supone el petroleo en alta mar, la jugada política de las autoridades gibraltareñas ha encendido las alarmas en el Partido Popular y las asociaciones ecologistas por lo que supone un expansionismo de facto en las tres millas náuticas de levante que reclama el Gobierno de la Roca con el beneplácito de Londres.

Para el PP, el incremento del «bunkering» es una «salvajada» y las medidas de seguridad anunciadas «dan miedo». El diputado José Ignacio Landaluce considera que esas aguas «son nuestras y corresponde al Gobierno hacer lo posible para evitar esa prácticas».

Intenciones
Por el momento, el Ejecutivo de Rodríguez Zapatero no ha reaccionado ante esta declaración pública de intenciones. Esta misma semana, fuentes ministeriales señalaron a este periódico que «no tenemos constancia de ello, pero si se confirma mostraremos nuestra disconformidad, como es habitual, ante las autoridades británicas».

Lo cierto es que la ministra de Exteriores, Trinidad Jiménez, ha dejado pasar una excelente oportunidad de elevar una protesta formal ante su homólogo británico, William Hague, con el que se vio el pasado jueves en la capital británica. La asociación «Verdemar Ecologistas en Acción» lleva meses denunciando una situación que Jiménez parece ignorar por completo.

La última denuncia ante la Dirección General de la Marina Mercante fue interpuesta el seis de diciembre pasado y en ella ya se hacía constar la ocupación de aguas territoriales españolas en la zona este del Peñón para hacer «trasiego de combustible».

Según declaró a LA RAZÓN Antonio Muñoz Secilla, miembro de Verdemar, la extensión a la zona de levante del negocio de las gasolineras flotantes «no es algo nuevo, pero el hecho de que Gibraltar lo haga oficial indica que está buscando un imperativo legal. La milla y media de la Bahía de Algeciras ya la tienen consolidada». El perímetro que Gibraltar considera «aguas en litigio», y que España considera propio, comprende una milla y media al oeste y tres millas al sur y al este del Peñón. Muñoz Secilla considera que el comunicado forma parte de una política expansionista ante la que el Gobierno socialista ha dado, por ahora, la callada por respuesta.

Además, el repostaje en la cara que da al Mar de Alborán supone un riesgo aún más alto que en la bahía porque «se trata de una de las zonas más peligrosas del mundo de la navegación». Un accidente en esa zona «podría suponer un desastre socioeconómico para toda la Costa del Sol que tardaría 20 años en superarse», afirma Muñoz Secilla.

Jugada política
Según fuentes diplomáticas, Gibraltar «es la historia de una constante expansión territorial, política y económica. El Gobierno de Zapatero no contesta a este tipo de anuncios para no tener que cambiar de política, y es que no sólo está permitiendo esa expansión, sino que está cooperando».

En opinión de este veterano embajador conocedor de primera mano del contencioso, el ministro principal, Peter Caruana, no tiene potestad para hacer este tipo de anuncios porque la política exterior, la defensa y la seguridad interna son competencia de Londres». En su opinión, este anuncio es «una jugada para ver si hay una reacción o no. En el caso de que se produjera, Gran Bretaña haría el papel de culpar a los gibraltareños y nos seguirían tomando el pelo durante otros 300 años». «Para que todo tuviera sentido –concluye– habría que revertir por completo la política actual. Es el lenguaje que entienden los británicos».

Meses de hostigamiento
La Guardia Civil lleva meses denunciando una campaña de hostigamiento e intimidación a sus patrulleras por parte de embarcaciones gibraltareñas respaldadas por la Marina británica en la Bahía de Algeciras. El escenario del desencuentro son las 1,5 millas náuticas que Gran Bretaña reclama como propias en la cara oeste del Peñón y que están bajo soberanía española desde la firma del Tratado de Utrecht de 1713. Los choques son tan frecuentes que ya no suscitan titulares en los medios de comunicación, pero los agentes se sienten acosados e indefensos y exigen a Interior «órdenes precisas» sobre cómo deben actuar.