Cuando el aborto es un negocio

Madrid- La reforma de la ley del aborto que prepara el Ministerio de Justicia ha desatado una «guerra fría» entre los ginecólogos partidarios del cambio legal propuesto por Alberto Ruiz-Gallardón y aquellos que se oponen frontalmente al ministro y apuestan por mantener la legislación actual, aprobada por el anterior Gobierno socialista en 2010. Aunque aún no se conoce con exactitud el alcance que tendrá la nueva ley, todo apunta a que se eliminará el aborto por anomalías fetales incompatibles con la vida o por enfermedad grave o incurable.

En respuesta, más de 600 ginecólogos han firmado un manifiesto contra la reforma, promovido por las doctoras Pilar Martínez Ten y Begoña Adiego, trabajadoras ambas de la Clínica Delta. La primera, en el ámbito del análisis ecográfico, y la segunda, en diagnóstico prenatal. Se trata pues sólo de una pequeña porción de los más de 5.000 profesionales que forman parte de la Sociedad Española de Ginecología y Obstetricia (SEGO), de los que 3.800 están activos. De hecho, los ginecólogos provida ya se han puesto en marcha para contrarrestar esta iniciativa mediante otro manifiesto similar, aunque con una visión completamente distinta. «Lo que les preocupa es una disminución en la demanda de los servicios que prestan y la persecución de la Justicia a todos esos licenciados que asesoran en el sentido de eliminar a los pacientes graves y a aquellos que terminan por cometer el feticidio», dice el ginecólogo Esteban Rodríguez.

Porque la realidad es que el aborto, como cualquier otra práctica médica, puede llegar a ser un negocio, en ocasiones muy lucrativo para las clínicas que lo practican. Aunque la inmensa mayoría –el 98 por ciento– de las interrupciones del embarazo que se practican en España se realizan en centros privados, la Sanidad pública cubre el cien por cien de su coste, al menos de momento. Así, con un precio medio que ronda los 500 euros por aborto y teniendo en cuenta que en España se practican más de 100.000 abortos al año, la aportación de fondos públicos para esta actividad empresarial es de unos 58 millones de euros anuales.

Sin control
«Eso sin contar aquellos abortos que escapan al control de Hacienda, pues muchos, sobre todo en el caso de inmigrantes, se pagan en ‘‘negro''», afirma Gádor Joya, portavoz de Derecho a Vivir (DAV) y pediatra. «Es curioso que el Gobierno y las comunidades autónomas sigan financiando el aborto mientras se recortan el resto de prestaciones sanitarias», apunta.

Respecto a los argumentos para mantener la ley como está, Joya cree que no son propios de un científico o un médico, sino de personas condicionadas. «Viven del diagnóstico prenatal y ven peligrar su negocio. No hay ni una sola justificación de tipo médico», asegura. Para los firmantes del manifiesto contra la reforma, ésta provocará una situación de desamparo legal en las gestantes, que tendrán que recurrir al aborto clandestino. Apelan también al sufrimiento de los padres por el hecho de tener un hijo con discapacidad o con corta esperanza de vida. «El miedo a tener un hijo con discapacidad justificaría para ellos la necesidad de la oferta, que es la raíz del negocio», rebate el doctor Rodríguez. «Este miedo a la enfermedad y al sufrimiento es el que se promueve para generar demanda desde los sectores de la ginecología que viven de la eugenesia y que ahora ven amenazado su negocio si se pretende proteger la vida de todo paciente fetal», señala.

No obstante, este tipo de abortos por malformaciones incompatibles con la vida son sólo una minoría del total. Únicamente representan el 3 por ciento, es decir, unos 3.400 casos anuales. Para las doctoras Martínez Ten y Adiego, aunque desde el punto de vista numérico no son muy significativos, «sus consecuencias psicológicas, emocionales, sociales y médicas son muy duras» y donde «la decisión de interrumpir el embarazo causa mucho sufrimiento». Para la portavoz de DAV, abortar en estos casos supone un doble trauma. «Se suma el sufrimiento de una madre con un hijo enfermo, que eso ya no se lo quita nadie, con el sufrimiento que genera el aborto», dice.

A la espera de que Justicia presente el anteproyecto de ley que modificará la actual ley del aborto, el presidente de la SEGO, José María Lailla, se muestra cauto y aunque no avala la tesis en contra de la reforma, tampoco se muestra en contra. «Lo que hay que hacer es determinar muy bien qué son patologías y anomalías graves e incompatibles con la vida. Lo que hoy es mortal, mañana puede no serlo, pues la ciencia avanza muy rápidamente y tenemos la obligación de ir adaptándonos a ella», explica. Además, Lailla aboga por constituir una comisión política y profesional que debata en profundidad sobre la reforma de la ley.