Chamizo pide explicaciones sobre la expulsión del PP de Mercasevilla

SEVILLA- El Defensor del Pueblo Andaluz ha reclamado al Ayuntamiento «los informes necesarios para poder conocer todos los datos precisos» sobre la expulsión del PP del consejo de administración de Mercasevilla, después de admitir a trámite una queja presentada por el concejal popular Beltrán Pérez sobre lo que a su juicio es una maniobra del PSOE e IU para impedirle expresar sus «legítimas opiniones acerca de la situación de la sociedad».
Pérez reclamó en el escrito enviado a José Chamizo que éste recomendara al consejo de administración y la Junta General de Mercasevilla que anulara el cese como consejero del único representante de la oposición, al entender que había sido adoptado «bajo causas que atentan contra la Constitución Española, la Ley y los Estatutos de la sociedad». El Defensor estima, en una comunicación del martes 27 de julio a la que ha tenido acceso LA RAZÓN de Sevilla, que la queja «en principio reúne los requisitos establecidos en la Ley» y con la misma fecha le requirió al Ayuntamiento toda la información necesaria que justifique la decisión de dejar al PP sin presencia en el consejo de la empresa semipública.
Beltrán Pérez era consejero de Mercasevilla desde el 11 de septiembre de 2007 y su nombramiento se produjo por cinco años, pero el pasado 30 de junio la Junta General de Accionistas decidió reducir el número de miembros del consejo de administración de 23 a 9, por lo que fue cesado. Dicha medida fue justificada por «motivos económicos y de austeridad» y de «despolitización y profesionalización», algo que a juicio del edil popular no es más que «un disfraz técnico-económico que busca enmascarar las verdaderas intenciones del acuerdo», que según Pérez no son otras que expulsarle «a consecuencia de la opinión discordante respecto a la gestión» y «la denuncia sobre presuntos hechos delictivos» en la empresa en su calidad de consejero y concejal.
De hecho, tanto el alcalde y anterior presidente de Mercasevilla, Alfredo Sánchez Monteseirín, como el teniente de alcalde y vicepresidente de Mercasevilla, Antonio Rodrigo Torrijos, aludieron a la «deslealtad hacia la empresa» mostrada por el portavoz adjunto del PP.
Pérez denunció ante Chamizo que el Gobierno local adoptó «decisiones unilaterales, ocultó decisiones a las personas afectadas y adoptó acuerdos contrarios a los estatutos», algo que supone «poner a la democracia, el pluralismo político y la legalidad al servicio de un fin ilegítimo».