Más de 16000 empleos se perderán por los recortes de infraestructuras

Los contratistas de Castilla y León están preocupados por las consecuencias que tendrán la «drástica» reducción de la inversión del Gobierno en infraestructuras en nustra Comunidad. Su presidenta, Isabel de Blas, comparecía ayer ante la prensa para advertir de que si se llevan a cabo los recortes de infraestructuras anunciados por el ministro José Blanco en nuestra Comunidad se perderán más de 16.000 puestos de trabajo en Castilla y León en lo spróximos dos años. «Es un error histórico que coloca al sector al borde del abismo», denunciaba De Blas, tras exigir al Gobierno de España que rectifique y ponga en marcha un nuevo Plan de Reestructuración que adapte al sector al nuevo escenario económico que se avecina.

La presidenta de los contratistas alertaba de que hay dieciséis obras importantes de las que no se conoce sus futuro mientras que otra veintena que estaban ya prácticamente en marcha han sido reprogramadas y contarán con una menor inversión. De Blas ponía como ejemplo a seguir lo que está haciendo el presidente Obama en los Estados Unidos, donde está apostando por la obra pública para reactivar la economía estadounidense, y recordaba que la situación del sector contratista en la Comunidad es «crítica». «El Gobierno está cometiendo un error histórico al detener drásticamente la inversión en infraestructuras, y cuyas consecuencias serán dramáticas», denunciaba la presidenta.

Confusión mediática
Isabel de Blas se mostraba también muy enfadada por el «juego de intereses» existente, ya que Castilla y León asumirá el 14 por ciento del recorte total, que ascenderá a 5.700 millones de euros. «Basta ya de medias verdades», pedía de Blas al Gobierno, al que criticaba también su falta de concreción en las inversiones que va a llevar a cabo «que está provocando una confusión mediática sin precedentes».

Finalmente, los contratistas advierten que con esta reducción de la inversión en obra pública, Castilla y León dejará dejará de ingresar más de 479 millones de euros en materia fiscal