Las ayudas del «fondo de reptiles» aún se pagan «sin cobertura legal»

En su escrito advierte de que los encargos que la Consejería de Empleo realiza a la Agencia IDEA –el ente autónomo que abona las cantidades– tienen que ser aprobados por el Consejo de Gobierno y no sólo por el titular del departamento, fórmula que ha seguido la Administración andaluza desde 2008. En concreto, los populares se basan en el artículo 105.3 de la citada ley, que aunque establece que «la encomienda de gestión a agencias dependientes de una Consejería será autorizada por la persona titular de la misma», especifica que en el caso de «la encomienda de gestión a órganos o a entes públicos pertenecientes o dependientes de diferente Consejería o de distinta Administración Pública será autorizado por el Consejo de Gobierno».

Éste último aspecto es la clave de su denuncia. La Agencia IDEA es un ente autónomo adscrito a la Consejería de Economía, Innovación y Ciencia de la Junta y no a la de Empleo, por lo que las encomiendas que reciba de otra consejería distinta, deben contar con la autorización del Consejo de Gobierno. Según aseguró ayer el secretario general del PP-A, Antonio Sanz, a su partido no le consta que este trámite se haya producido: «Si hay o hubiere acuerdos del Consejo de Gobierno, al menos se han ocultado». Las presuntas irregularidades administrativas en la tramitación de las subvenciones a los ERE es una de las claves de la investigación que instruye la juez Mercedes Alaya. Al margen de la introducción de personas ajenas a las empresas que han recibido fondos públicos, se investiga si del procedimiento administrativo elegido y mantenido pese a los reparos de la Intervención General se puede deducir un presunto delito de prevaricación.

El largo periodo investigado –de 2001 a 2010– se divide en tres etapas. Arrancó el 17 de julio de 2001, con la firma de un convenio de colaboración entre la Consejería de Empleo y el IFA, órgano éste que sí estaba adscrito a ese centro directivo. Expiró el 31 de diciembre de 2003. Entre 2004 y abril de 2010, existen numerosas órdenes de pago a la Agencia IDEA –que asumió las competencias del IFA, aunque este ente estaba adscrito a la Consejería de Innovación– que se amparan en el convenio de 17 de julio «prorrogado tácitamente hasta la fecha». El 27 de abril de 2010, ya con el actual director general de Trabajo y Seguridad Social Daniel Rivera, se publicó una orden por la que se encomendaba a la agencia IDEA «la materialización referente a los programas sociolaborales». Las sucesivas órdenes de pago para prejubilaciones recurren de manera expresa a esa cobertura legal.

Antes de esta orden, se introdujeron encomiendas parciales a IDEA para desarrollo de distintas actividades en materia de relaciones laborales desde 2008. El PP aportó cinco ejemplos: las de las empresas «Hytasal», «Trandsa», «Europa Center», «Mac-Puar Componentes y Mecanizados» y «Altadis», de fechas 30 de diciembre de 2008, 6 de julio de 2009, 27 de abril de 2010 y 20 de mayo de 2011. En contraposición, el secretario general del PP-A se refirió a una encomienda de Empleo a la Agencia IDEA de 22 de diciembre de 2009 que sí contó con la aprobación del Consejo de Gobierno: era para unos incentivos por importe de casi 50 millones de euros en 2009 y 2010 que no estaban vinculados al denominado «fondo de reptiles». El PP solicita en su denuncia que el juzgado pida al Consejo de Gobierno certificados, si es que existen, de los acuerdos que autorizan las encomiendas que son «presuntamente ilegales».

Dos formas de justificar los mismos pagos
Las dos órdenes de la Dirección General de Trabajo son para pagar prejubilaciones de la empresa González Byass: una cita una encomienda a IDEA de abril de 2010, mientras que la otra se ampara en el convenio de 17 de julio de 2001 entre el IFA y Empleo «prorrogado tácitamente».