La Junta cree que la juez no interpreta bien el derecho comunitario

Sevilla- La Junta de Andalucía estima que es «cuestionable» la «relevancia penal» del asunto relativo a los controles comunitarios sobre las ayudas concedidas por la administración autonómica, algo a lo que se refiere el último auto de la juez que instruye el caso de las irregularidades en los expedientes de regulación de empleo, Mercedes Alaya, y aboga por que se delimite la investigación. La Junta manifestó ayer, a través de un comunicado, que, a efectos de investigación, se puede cuestionar la relevancia del cumplimiento o no de la obligación de comunicar o notificar las ayudas a la Comisión Europea, por varios motivos: porque puede estar sujeta a reglamento de exención; porque la consideración de una ayuda como ilegal no implica que la ayuda sea incompatible con el Tratado o que haya de ser reintegrada, o porque la ilicitud penal vendría dada por la disposición de fondos públicos sin sujetarse al procedimiento previsto para su concesión.
La Junta estima que en el auto de la juez «se confunden los conceptos de ayuda ilegal y ayuda incompatible».