El camino de salida de la crisis

La tasa de desempleo supera el 20%. Y la economía no es capaz de recuperar tasas positivas de crecimiento. La economía española sufre los efectos acumulados de cinco crisis.
La primera es la crisis financiera internacional, que ha dejado sentir sus efectos sobre la hiperendeudada economía española a través de la restricción del crédito. La economía ha acumulado una deuda nacional de tres veces su PIB. El 60% de esa deuda, 1,8 billones de euros, es deuda externa, que ha sido contraída mediante la acumulación de déficit exteriores, especialmente agudos entre 2005 y 2010 (entre el 5 y el 10% del PIB).

La segunda crisis, genuinamente española, es la generada por el sector inmobiliario y de la construcción, que –como ha ocurrido siempre, en todo tiempo y lugar– ha extendido sus efectos desde el sector real al financiero, especialmente, a las cajas de ahorros. La «burbuja inmobiliaria» española ha sido más grande que la de EE UU y que la de cualquier otro país europeo. El crecimiento anual acumulativo de los precios de los inmuebles superó el 15% entre 2004 y 2007, con una producción media de viviendas cercana a las 600.000 unidades anuales y máximos de casi 900.000.

Falta competitividad
La tercera crisis, también exclusivamente española, es la falta de competitividad, resultado del elevado crecimiento de los costes y consecuencia, a su vez, del exceso de gasto público, del déficit de reformas estructurales y de la fragmentación del mercado nacional. La pérdida de competitividad se ha traducido en una incapacidad de los sectores productivos españoles de competir en los mercados globales. El déficit exterior, que llegó al 10% del PIB en 2008, sólo se ha reducido a la mitad, a pesar de la intensidad de la recesión española. España sigue hoy endeudándose anualmente en un 5% de su PIB para mantener su gasto, algo completamente insostenible.

La cuarta crisis, ligada con la anterior, es la generada por la insostenibilidad de las finanzas públicas. El incremento descontrolado del gasto público desde el inicio de la crisis (como el lamentable Plan E) se ha acumulado al desacertado incremento del gasto público desde 2004 hasta 2007, es decir, durante la fase expansiva del ciclo económico, y al desplome de los ingresos públicos (han caído casi un 50%), generando así un déficit público de enorme magnitud: el 11% del PIB en 2009. Además de impedir el acceso al crédito del sector privado, ese enorme déficit ha llevado a muchos inversores a rehuir la deuda pública española y, por tanto, a elevar su coste para el Estado en términos de intereses. Las dudas sobre la sostenibilidad de la deuda pública proceden tanto del ritmo de crecimiento de su volumen –que se suma al de la deuda privada– como de la reducción de la tasa de crecimiento potencial de la economía, que los expertos cuantifican en 1,5 puntos (del 3% en 2003 al 1,5% actual).

Dudas sobre el Gobierno
La quinta crisis es la provocada por la falta de confianza de familias y empresas –los «animal spirits» a los que se refirió Keynes–, muy ligada a la desconfianza en el gobierno.
El camino de salida de la crisis requiere una nueva política económica con dos grandes ejes, los dos esenciales: la recuperación de la estabilidad en las finanzas públicas y de la capacidad de crecimiento a través de profundas reformas estructurales.

A corto plazo, España requiere un gran recorte del gasto público, capaz de lanzar mensajes creíbles a los ahorradores. España tiene un amplio margen de recorte del gasto público porque éste ha crecido más de un 40% desde 2004. Todas las administraciones públicas deben corresponsabilizarse.

Más allá del cumplimiento del nuevo Pacto europeo de Estabilidad y Crecimiento, España necesita aprobar reglas creíbles de estabilidad presupuestaria a medio y largo plazo. Debemos seguir el ejemplo de Alemania, que ha reformado su Constitución para instituir el principio del equilibrio presupuestario.

Más necesidades
España necesita también un gran programa de privatizaciones de empresas públicas, tanto estatales como regionales –962 empresas públicas en 2009–y locales –1.573 empresas públicas municipales en 2009–. Los ingresos de esas privatizaciones permitirían mejorar la gestión de esas empresas y reducir la deuda pública.

Otra tarea urgente es la reestructuración completa y definitiva del sector bancario, especialmente de las cajas de ahorros, que deben ser completamente privatizadas mediante sistemas transparentes (las subastas). No acometer esa reforma implica asumir riesgos como los sufridos, con efectos muy negativos, por Irlanda. Un programa amplio y profundo de liberalizaciones, de introducción de competencia y de eliminación de monopolios y oligopolios, especialmente en el sector servicios, ayudaría a recuperar la competitividad perdida.

A ello también contribuiría una reforma fiscal. Es posible reducir los costes laborales mediante una rebaja de las cotizaciones sociales. Y es fundamental rebajar –mucho más allá de lo recientemente aprobado– el impuesto sobre sociedades.

España necesita recuperar la unidad de su mercado nacional, fragmentado por absurdas regulaciones autonómicas. Fernando Fernández ha detallado cómo se puede conseguir esto.

Energía más barata
La reforma energética es otro capítulo esencial de la agenda de competitividad. España tiene ya un coste energético más elevado que la media europea, lo que es un lastre para la industria. España necesita mantener su parque nuclear y conservar así una fuente de energía segura, barata y no emisora de gases de efecto invernadero. La apuesta por las energías renovables debe ir de la mano del análisis de sus correspondientes costes de generación.

La recuperación de la capacidad de crecimiento requiere una nueva y profunda reforma laboral, que aborde, entre otros asuntos, la negociación colectiva, la intermediación laboral, la prestación por desempleo, las modalidades de contratación, las causas del despido, las políticas activas, la formación profesional y las precitadas cotizaciones sociales. El informe de Fedea resulta clarificador.

El Estado del bienestar español requiere ser reinventado. La sanidad y los servicios sociales deben ser prestados de forma más eficaz y eficiente. Y eso pasa por implicar a la empresa privada. Responsabilidad y financiación públicas, con provisión privada, son los ejes de la reforma que España necesita en su Estado del bienestar, siguiendo el camino emprendido por Suecia a principios de los años noventa del pasado siglo.

España necesita también una nueva reforma del sistema de pensiones con tres ejes: reequilibrar financieramente el sistema público de pensiones con carácter permanente –de nuevo, ahí está la vía sueca–, revisar el concepto de edad legal de jubilación, nuevos incentivos a seguir trabajando y a los sistemas privados complementarios de pensiones.

La reforma educativa y la de las universidades es otro capítulo pendiente. El camino de la reforma no puede ser otro que el de la completa libertad de elección, la libre competencia entre centros –públicos y privados-, y la evaluación y publicación de resultados académicos de cada centro.

Todas estas reformas son imprescindibles y urgentes. A medida que se consolide la recuperación en Europa, el Banco Central Europeo comenzará a subir los tipos de interés. Y si por entonces España todavía sigue sin crecer, el efecto de esa subida será aún más dramático sobre una economía tan endeudada como la española. Si es que para entonces nuestra economía no ha sido intervenida, que ojalá no sea así.