El actual director de Empleo imputado firmó pagos a los «brokers» de los ERE

SEVILLa- Lo ha dicho la Guardia Civil en un atestado y la documentación así lo respalda: nada cambió en la arbitraria tramitación de los ERE y las ayudas discrecionales a empresas con el cese de Francisco Javier Guerrero –al que la Junta sitúa como máximo y único responsable– como director general de Trabajo y Seguridad Social, ya que sus sustitutos, Juan Márquez Contreras y el actual, Daniel Alberto Rivera, siguieron prescindiendo del procedimiento administrativo establecido para la concesión de las ayudas.

El último ejemplo de que el Ejecutivo de Griñán siguió trabajando de la misma forma que el de Chaves lo aportó ayer el PP-A: el actual director general de Trabajo, imputado por la juez Mercedes Alaya, firmó dos ayudas directas a una de las intermediarias de la trama, Uniter, por un importe de 860.773,14 euros.

La primera de ellas es de 28 de julio de 2010. En una resolución, Rivera ordena a la Agencia IDEA –el ente público que ha abonado todas las subvenciones– un pago de 452.468,25 euros a Uniter por sus trabajos dentro del ERE de Santana Motor.

La segunda resolución es de 20 de diciembre de 2010 y forma parte del expediente de la Faja Pirítica de Huelva. El director general de Trabajo ordena a IDEA que ingrese 408.304,89 euros en la cuenta corriente de Uniter.

Lo trascendente de estas dos resoluciones es que el actual consejero de Empleo, Manuel Recio, y todo el Ejecutivo andaluz, ha negado en reiteradas ocasiones que hayan pagado comisiones a intermediarios por su participación en los ERE. Lo han hecho en el Parlamento de Andalucía tanto en respuestas orales como escritas. Por ejemplo, Recio señaló por escrito en marzo de 2011 tras una solicitud del PP-A –cuando ya entonces su alto cargo había autorizado el pago de más de 800.000 euros a Uniter– que «no consta en los sistemas de información de gestión de contratos ningún procedimiento de contratación administrativa mediante el cual se hayan adjudicado servicios a las empresas Vitalia y Uniter».

En la misma línea, la consejera de Hacienda y Administración Pública, Carmen Martínez Aguayo, señaló en la Cámara andaluza «que todas las operaciones realizadas tanto por la Administración de la Junta como por sus entidades instrumentales son rigurosamente registradas en su contabilidad respectiva» y que están presididos «por la transparencia institucional».

Sin embargo, ni Recio ni Aguayo dieron cuenta de estos pagos ni a la oposición ni a la juez Alaya.

Según denuncia el PP en su escrito ante el juzgado de Instrucción 6 , «en la Consejería de Empleo obran, desde hace tiempo, documentos acreditativos de importe de las primas abonadas a las distintas compañías aseguradoras con el desglose de las partes que iban destinadas al pago de comisiones», pese a que la Junta ha negado esta información. El letrado de los populares reclama que Empleo y/o la Agencia IDEA traslade esa información a la instructora y que aclare «dónde se encontraba dicha documentación y qué personas la custodiaban». La cifra global entre 2001 y 2010 puede superar los 150 millones.

Lo negaron en el Parlamento
«No consta en los sistemas de información de gestión de contratos ningún procedimiento de contratación administtrativa mediante el cual se hayan adjudicado servicios a las empresas Vitalia y Uniter»
Manuel Recio Consejero de Empleo
13-03-2011

«En la contabilidad presupuestaria no figura ningún pago directo realizado a ningún intermediario que haya participado en la tramitación de las ayudas sociolaborales concedidas»
Carmen Martínez Aguayo
Consejera de Hacienda
31-03-2011