Icomos recuerda que el alcalde se comprometió a parar la torre

SEVILLA- Las reacciones al demoledor informe de la Unesco –que insta a parar la construcción de la Torre Pelli– continúan. Ayer fue Icomos, el órgano asesor de la institución, el que se pronunció sobre el documento y pidió al alcalde, Juan Ignacio Zoido, que «lleve a cabo la paralización de las obras, tal y como se comprometió el pasado otoño y para cumplir así lo requerido en tres ocasiones por el Comité del Patrimonio Mundial». Icomos, que ha mostrado su disconformidad con el proyecto de César Pelli en multitud de ocasiones, recordó a Cajasol, promotora de la iniciativa, que «la imagen de Sevilla no sólo es un valor cultural de la ciudad, sino también un valor social y económico del que dependen muchos sectores de la sociedad sevillana». En este sentido, le advirtió del «deterioro de la imagen de Sevilla en los ámbitos nacional e internacional relacionados con la gestión del patrimonio» si continúa la obra.
No obstante, el pasado viernes, Cajasol expresó su voluntad de llevar a cabo el proyecto hasta el final y puso en entredicho la «veracidad, validez y relevancia» del informe.
En relación a la negociación que mantendrá el Gobierno local con la entidad bancaria para fijar los términos de la paralización, Icomos reclama que «la determinación de la altura del edificio no sea calculada como el resultado de una negociación económica, sino en razón de un proyecto serio elaborado por un grupo de especialistas reconocidos e independientes», tal y como la ciudad se merece.

Papel de la Junta y el Gobierno
Pero Icomos no sólo culpa a Cajasol y al Ayuntamiento de la situación actual. También recuerda a la Junta, especialmente a la Consejería de Cultura, su «competencia y compromiso en la correcta gestión del patrimonio cultural». En este sentido, puntualizó que muchos aspectos que señala el informe no son competencia de la Administración autonómica, como «los planes de protección y de los entornos». «Hay que recordar que una simple definición de entorno del conjunto histórico de Sevilla habría evitado de raíz todo el problema», puntualizó.
Incluso señaló la «importante responsabilidad» del Gobierno central y su competencia para «coadyuvar a la solución del problema». En este punto, recordó que «antes del próximo 1 de febrero debe emitir un informe al Centro del Patrimonio Mundial relacionado con el estado de las obras del rascacielos y su incidencia en los bienes de la ciudad inscritos en la lista». Dicho documento «debería apuntar soluciones claras e incuestionables al problema».