Los negacionistas del tribunal constitucional por José Clemente

Negar los crímenes masivos de judíos y gitanos en las cámaras de gas de la Alemania nazi está tipificado en una quincena de países, entre los que se encuentran Estados Unidos y Canadá, con penas que oscilan entre los dos y los doce años de cárcel. Aunque la mayor parte de los estados miembros de la UE llevan en sus respectivas legislaciones calificaciones similares a la de los países citados, no toda Europa respira de la misma manera ante el Holocausto judío, pese a la tendencia creciente de poner en común los correspondientes códigos penales en asuntos de esa naturaleza o los comportamientos racistas y xenófobos perpetrados individual o colectivamente. Casos como los de Horst Mahler, el escritor británico David Irving, los franceses Robert Faurisson o Jean-Marie Le Pen, o el español Pedro Varela, tienen los días contados no sólo en Suiza, Alemania, Francia, Austria, Polonia, Bélgica, Rumania, Hungría, Eslovaquia y Chequia, donde ya se han modificado las leyes para combatir el fascismo de nuevo cuño, sino también en otros muchos países del mundo occidental que están decididos a combatir esas corrientes autoritarias y violentas.

Las teorías negacionistas, hasta hace bien poco duramente perseguidas en España, merecen ser analizadas con mayor detenimiento, pues hace apenas cinco años, bajo el mandato de José Rodríguez Zapatero, fueron invalidadas por el Tribunal Constitucional al hacer prevalecer el derecho a la libre expresión sobre los ataques a esa verdad histórica. El negacionismo tacha de falso y condena la existencia de los hornos crematorios judíos y los campos de exterminio, y mucho más que todo ello fuera el resultado de una planificación política conocida como «La solución final». Zapatero fue muy duramente criticado por los «históricos» de su partido, aunque recibió el apoyo incondicional de un Rubalcaba que ya tenía en la cabeza las negaciones con ETA, que comenzaron a fraguarse a finales de 2007.

Zapatero venía de un año muy complicado con ETA que arrancó con el atentado de la T-4 en Barajas el 30 de diciembre de 2006, y necesitaba, como fuera, un alto el fuego con la banda criminal que le taponara la herida de la dura crisis que se le venía encima. Y Rubalcaba se puso manos a la obra para doblar la voluntad del TC de mantener ilegalizada a Sortu, cuando el 9 de febrero de 2011 le fueron rechazados los mismos estatutos que ahora brillan más que el Sol. Y lo consiguió. Primero fue Bildu, con la que ETA se burlaba de los demócratas y convertía en papel mojado la Ley de Partidos Políticos, y después vino Amaiur, con la que definitivamente dio el gran salto institucional al alzarse con la presidencia de las Juntas Generales de Guipuzcoa. Ahora le toca el turno a la gran coalición abertzale Sortu (que significa crear), un partido de masas con el que los etarras pretenden ganar las próximas elecciones vascas e imponer como posible presidente de la Lehendakaritza a Otegui o a algún otro histórico de la banda terrorista.

Nada podía venir mejor a los abertzales y a los socialistas que la crisis del Tribunal Supremo y el abandono de su presidente Carlos Dívar, cuyo voto de calidad podría haber sido determinante en caso de empate, como así ha ocurrido en el TC. Por eso los nuevos negacionistas del holocausto están ahora anclados en el TC, para quienes los informes contrarios del Tribunal Supremo, la Fiscalía, la Abogacía del Estado, la Guardia Civil y el sentido común, indicaban que debía procederse a la no legalización de Sortu, pues tras los no «quemados» de ese partido están los terroristas de ETA de toda la vida. Valga la equiparación recurrente al asimilar a los nuevos negacionistas con los jueces del Alto Tribunal, pero en ninguna de las anteriores legalizaciones y, mucho menos con Sortu, se ha tenido en cuenta nuestro ordenamiento jurídico y constitucional, toda vez que les convierte en colaboradores pasivos, como los «compinches» con los delincuentes, al dictar una sentencia a todas luces recurrible y revisable.

A partir de ahora los etarras y quienes les rodean y asisten son jurídicamente legales, pero no demócratas, por mucho que lleven el rechazo a ETA en sus estatutos.Y no se nos olvide que los votos favorables y contrarios a su legalización fueron cinco contra cinco y que sólo el voto de Pascual Sala fue quien determinó una mayoría que más se parece un insulto a los españoles que a la acción del Alto Tribunal. Sortu no ha condenado los mil asesinatos de ETA, ni el éxodo de 250.000 vascos. A las víctimas nadie les ha pedido perdón, ni rechazan la violencia como forma de integrarse en la vida política, mientras siguen manejando listas de afines y contrarios. Nada ha cambiado en el País Vasco para que tengan que claudicar todos los demócratas españoles, ni el miedo se ha erradicado de las calles y plazas. Nada ha cambiado tanto como se creen los ciegos del Tribunal Constitucional.