Caracas
El juez cita a Consuelo Ordóñez para aclarar los vínculos entre ETA y FARC
El juez Eloy Velasco preguntará el próximo 15 de noviembre a la portavoz del Colectivo de Víctimas del Terrorismo del País Vasco (Covite), Consuelo Ordóñez, por la entrevista que mantuvo con un militar en una cárcel de Venezuela en la que le aportó datos sobre los vínculos de ETA y las FARC.
Velasco ha citado a Ordóñez a las 10:00 horas después de que la Fiscalía le solicitara la semana pasada, a instancias de Covite, que cursara una comisión rogatoria a Venezuela para que le aporten los informes que redactó dicho militar sobre los campamentos en los que varios etarras recibieron supuestamente instrucción sobre armamento y explosivos en la selva venezolana.
Según ha explicado la hermana del concejal del PP vasco asesinado por ETA Gregorio Ordóñez, el próximo 15 de noviembre ratificará ante el juez el testimonio que le ofreció el pasado 29 de octubre tras un viaje "relámpago"a Caracas durante ese fin de semana, donde se entrevistó en la cárcel con Milton Revilla.
El militar, ha explicado Ordóñez, mientras estuvo destinado en la zona fronteriza entre Venezuela y Colombia entre 2000 y 2003, presenció "el libre tráfico tanto de material como de miembros de ETA -entre ellos el terrorista Arturo Cubillas- y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia".
Sin embargo, cuando Cubillas y otros procesados se percataron de ello, utilizaron "toda su influencia"para apartarlo, hasta lograr que le dieran otro destino en 2003.
De todo lo que presenció allí, Revilla levantó unos informes que, según le advirtió a la portavoz de Covite, podrían ser destruidos en un plazo de dos meses, ya que la legislación venezolana contempla un plazo de diez años para conservarlos, que expira el próximo diciembre.
Ordóñez ha lamentado además que el militar fuera encarcelado en diciembre de 2011, cuando ya había recibido una citación de la Audiencia Nacional para declarar como testigo, extremo que no pudo cumplir a pesar de numerosos intentos por hacerlo.
No obstante, la portavoz de Covite ha mostrado su convencimiento de que finalmente Velasco pueda interrogar al testigo, probablemente por videoconferencia, porque si el Gobierno de Hugo Chávez vuelve a poner obstáculos, "se pondrá en evidencia", ha subrayado tras señalar que su país da cobijo a 45 miembros de ETA, presuntos responsables de 40 asesinatos.
Velasco procesó por primera vez a Cubillas en marzo de 2010 por intentar atentar contra altos cargos colombianos en España en un auto en el que apuntaba indicios de la "cooperación"del Gobierno de Venezuela en la alianza entre ETA y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC).
Junto al etarra, procesó a José Ignacio Echarte Urbieta, Ignacio Domínguez Atxalandabaso, José María Zaldua, José Ángel Urtiaga Martínez y José Miguel Arrugaeta San Emeterio, así como a los miembros de las FARC Edgar Gustavo Navarro Morales, Víctor Ramón Vargas Salazar, Emiro del Carmen Ropero, Rodrigo Granda, Remedios García Albert, Luciano Martín y Omar Arturo Zabala.
Posteriormente, sin embargo, dejó sin efecto el procesamiento dictado contra García Albert y Zabala Padilla, alias "Lucas Gualdrón"y delegado para Europa de las FARC.
Tras este auto de procesamiento, el juez reclamó en octubre de ese año por primera vez a Cubillas, que desde 2007 trabaja como jefe de seguridad en el Instituto Nacional de Tierras (INTI), dependiente del gobierno de Hugo Chávez.
Un año después, en marzo de 2011, volvió a procesarle por integración en organización terrorista junto a los etarras Francisco Javier López Peña "Thierry"y Mikel Carrera Sarobe "Ata", al sostener que fueron estos dos los que le coordinaron en la formación e instrucción en el manejo de armamento y explosivos de miembros de ETA en campamentos instalados en la selva venezolana.
Por ello, el magistrado reclamó que fuera ampliada la solicitud de extradición del etarra para incluir el delito de integración en organización terrorista en calidad de dirigente.
En su providencia, también procesaba a los etarras José Lorenzo Ayestarán y José Ignacio Olaskoaga por un delito de tenencia explosivos en colaboración con organización terrorista, así como a Iraitz Guesalaga, responsable de informática de ETA, y a Iurgi Mendinueta por colaboración terrorista.
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