Reformas contra la recesión por Juan E Iranzo

La contracción del crecimiento es resultado de otro descenso de la demanda nacional, que no puede ya ser contrarrestado por la aportación positiva del sector exterior. El consumo de los hogares sigue constreñido y el de las AA.PP. continuará detrayendo crecimiento a corto plazo como consecuencia de la necesidad de ajustar el déficit público. La inversión en construcción residencial sigue descendiendo, pero el ajuste todavía no ha terminado. La inversión en construcción no residencial cae a un ritmo incluso mayor, debido al recorte de la inversión pública. Las exportaciones de servicios turísticos han atenuado su crecimiento, aunque su comportamiento es dinámico. El crecimiento de las importaciones, muy vinculado tanto a la demanda interna como a la evolución de las exportaciones, también ha remontado un 1,6%. Como consecuencia de ello, la aportación conjunta del sector exterior al crecimiento intertrimestral ha sido positiva. La desaceleración prevista del crecimiento mundial se reflejará en una moderación de esta variable.

Por todo ello, el PIB español puede caer alrededor del 1% en el 2012. Sin embargo, si se profundiza en una política económica adecuada, la situación se puede modificar en el último trimestre del año. El sector público, tanto el central como el de otros ámbitos territoriales, que intentó forzar el empleo y la actividad durante el anterior Gobierno, debe cambiar de rumbo reduciendo su gasto, el ámbito de sus actuaciones y las propiedades que pueden tener mejor uso en otras manos. La gestión pública de las empresas y de los servicios puede trasladarse al ámbito privado. Han de eliminarse las actividades prescindibles y los gastos superfluos. Las actitudes arbitrarias y la regulación prescindible están de más. La sobriedad debería ser la virtud para las administraciones y la consolidación fiscal, su tarea principal.

Existe el consenso de que la mayor parte del déficit estructural se encuentra en las comunidades, por lo que debe ser un punto de partida para atacar el problema. Una buena medida es que la autorización para emitir deuda pública por parte de cualquier administración territorial deba condicionarse al cumplimiento de los objetivos de déficit y de la Ley de Estabilidad. El programa de ajuste debe comunicarse a la opinión pública. Así se despejarían las incertidumbres que rodean a la inversión empresarial, como primer paso para que se produzca su recuperación. La consolidación fiscal debe centrarse en la reducción del gasto corriente. Esta medida puede completarse con otras como la centralización de los procesos de compra o la congelación de los sueldos y de la oferta de empleo público. Es necesario mejorar la competitividad. Una buena medida es avanzar en la «devaluación fiscal». Desde la entrada en el euro no disponemos del mecanismo de devaluación de la moneda para ganar competitividad en el exterior, pero sí se pueden tomar medidas de política fiscal que produzcan un efecto similar.

Además de todo lo anterior, la Administración debería realizar reformas para, a su vez, aumentar su eficiencia en otros ámbitos. Una medida indispensable para mejorar rápidamente la liquidez de las empresas sería la compensación automática de las obligaciones tributarias con las deudas pendientes con la propia Administración. La eliminación de trámites administrativos, o el establecimiento de la paridad en los plazos, son también importantes propuestas.

Es necesaria una reforma del sistema financiero. Si las primeras actuaciones de los bancos centrales –como las millonarias inyecciones de liquidez en el sistema interbancario por el BCE y las reducciones de los tipos de interés– no lograron alejar el riesgo sistémico de los mercados y devolver la confianza a los agentes económicos y financieros, los procesos gubernamentales de integración, de intervención y de bancarización tampoco han servido para eliminar las restricciones de crédito. Sin embargo, el funcionamiento eficaz y fluido del sistema financiero es una premisa imprescindible para el desarrollo de la economía real.

Uno de los principales objetivos de la reestructuración bancaria era el saneamiento del sistema. Dicho objetivo continúa pendiente, dado que los activos tóxicos permanecen en los balances de las entidades y siguen siendo el núcleo de la desconfianza que determina la paralización de los mercados mayoristas. Es cierto que el restablecimiento del crédito apremia; ahora bien, antes de diseñar y, por supuesto, acometer cualquier medida deberían valorarse sus consecuencias.

La reforma laboral es imprescindible y debe conducir hacia un aumento de la flexibilidad, lo que implica que se deberán adoptar medidas que doten de mayor libertad para ajustarse a las situaciones del mercado. Para ello, hay que reducir los costes de contratación –vía cotizaciones sociales–. No debemos olvidar la necesidad de vincular los salarios a la productividad. La desvinculación entre ambos provoca una espiral que afecta a la competitividad y al empleo. La búsqueda de mayor flexibilidad obliga a reformar la negociación colectiva, en la que se debe suprimir la ultraactividad de los convenios y dar preferencia a los acuerdos de cada empresa. Además, se deben recortar los distintos tipos de contratos laborales.

En definitiva, con la caída de la actividad propiciada por el descenso de la demanda interna, se hace cada vez más urgente incentivar las ventajas competitivas de la economía española y poder así compensar el desplome de la demanda interna con un incremento de las exportaciones. La competitividad es, sin duda, la asignatura pendiente de nuestra economía.

Juan E. Iranzo
Vicepresidente del Instituto de Estudios Económicos