El «fondo de reptiles» superó partidas esenciales de educación o sanidad

El desembolso de la Consejería de Empleo para este fin se cifra en torno a los 700 millones de euros entre 2001 y 2010, la polémica década en la que se centra la investigación de la titular del juzgado de Instrucción número 6 de Sevilla por la trama de los expedientes de regulación de empleo irregulares. Fluyó además este dinero sin que pasara por el Consejo de Gobierno ni por el Boletión Oficial de la Junta de Andalucía (BOJA). El destino fue fundamentalmente para la financiación de expedientes de regulación de empleo y para ayudas a empresas en crisis.

Pero las ilegalidades, que se sustancian en al menos 72 intrusos que cobraron pólizas sin haber visitado siquiera su pretendido puesto de trabajo y otras 111 irregularidades, son muchas y llamativas. Subvenciones para asuntos tan alejados de la creación de empleo como una escuela hípica y una residencia de ancianos; o las prejubilaciones de la suegra del ex director general de Empleo, de la madre de su chófer, o de un churrero amigo suyo de la infancia en El Pedroso, el municipio sevillano que es uno de los principales epicentros de la trama.

El volumen inicial del «fondo de reptiles», el programa 31.L, ascendió el año 2006 a más de 77,2 millones de euros, según la «Propuesta de acuerdo de transferencia de financiación de 24 de enero 2006 a favor de la Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía (IDEA)» suscrita por el entonces director general de Trabajo y Seguridad Social, Francisco Javier Guerrero. Es uno de los más de 160.000 folios que examina el juzgado y que conforman un cúmulo de papeles «desordenados, inconexos y repetidos», según reprochó la juez Alaya al Gobierno andaluz en un contundente auto fechado el pasado 17 de mayo.

En este acuerdo en favor de la agencia IDEA –el ente instrumental que sirvió para vehicular de forma opaca las partidas– la dirección general de Trabajo se acoge a la Ley de Presupuestos de ese año para señalar que «prevé que la actividad de las empresas de la Junta se financiará a través del instrumento de transferencia de financiación de explotación o de capital». Esta figura fue precisamente sobre la que avisó reiteradamente la Intervención General de la Junta por contravenir el procedimiento administrativo establecido. Unos avisos que debieron llegar a la mesa del ex consejero de Economía y Hacienda, José Antonio Griñán (en este cargo entre 2004 y 2009), y que supuestamente lo impidió su entonces «número dos», la actual consejera de Hacienda y Admistración Pública, Carmen Martínez Aguayo, por no considerarlo suficientemente relevante.

El «calendario de remisión de fondos» a la Agencia IDEA para 2006 lo envió de hecho el ex director general de Trabajo y Seguridad Social, como marca el protocolo de actuación, a la dirección general de Presupuestos de la Consejería de Economía y Hacienda del ahora presidente andaluz, según aparece en otro documento con fecha de salida el mismo 24 de enero. El fraccionamiento se hizo a razón de 5.796.825 euros mensuales, más otra partida adicional de 7.729.100 de diciembre.

Llama la atención que las partidas del «fondo de reptiles» superaron a otras esenciales del Presupuesto de 2006. En sanidad, por ejemplo, la 41.D destinada a Salud Pública y Participación (25,6 millones); la 41.H destinada a Financiación, Planificación e Infraestructuras (15,5 millones); o la 41.K, de Política de Calidad y Modernización (28,5 millones de euros). En Educación, la partida 42.B para Formación del Profesorado ni siquiera alcanzó la mitad del «fondo de reptiles», 31,5 millones de euros.

Hay que recordar, asimismo, que la polémica partida 31.L fue objeto de aumentos presupuestarios a costa de otras ayudas al empleo, tal y como denunció esta semana en el Parlamento el presidente del PP-A, Javier Arenas. En 2007 creció sobre lo previsto en 7,5 millones de euros, en detrimento de otros fondos como la gestión del plan de fomento de autoempleo o formación profesional para el empleo.