El despilfarro lastra la confianza en España

Además, el número de entes públicos regionales se sitúa en 2.388, con lo que se reabre el debate sobre la duplicidad de órganos y cargos, dado que éstos se suman a los 454 de los que dispone la Administración central. Además, los datos referentes al primer trimestre de 2011 reflejan un incremento del gasto autonómico del 5,5% pero las autonomías ni siquiera cumplieron el objetivo de déficit el pasado año. Y a esto se suma que la deuda de las empesas públicas, que ni siquiera se contabiliza en el déficit oficial, alcanzó, a cierre de 2010, los 17.056 millones de euros. Es decir, el compromiso que ha adquirido la ministra Elena Salgado con Bruselas, de un déficit de un 1,3% para las autonomías y de un 6% del conjunto del Estado para el cierre de 2011, requiere, a todas luces, un serio ajuste por parte de los gobiernos autonómicos que tomaron el relevo el pasado 22M y encaran, además, el déficit oculto. Es decir, los recibos que aún no han pasado factura.

Seis meses tienen los nuevos cargos para sanear sus cuentas y cerrar el grifo. La opinión de Juan Iranzo, director del Instituto de Estudios Económicos (IEE), es que «se ha producido un despilfarro, tanto en las autonomías como en el Estado central». Según César Miralles, director del Sector Público de Intermoney, sólo cinco autonomías cumplirán con los objetivos de déficit marcados para 2011, en base a los presupuestos que maneja el ministerio de Economía. «Serán Galicia, Madrid, Murcia, País Vasco y Valencia». Por el contrario, Cataluña, Extremadura y Baleares perjudicarán, según advierte, el déficit de las autonomías hasta el punto de imposibilitar la meta de Salgado. Y es que, según Miralles, «sólo Barcelona es responsable del 44% de todo el déficit para 2011». En cualquier caso, las comunidades acumulan ya un déficit de 4.995 millones y la hoja de ruta de los gobernantes deberá pasar, por tanto, por tomar medidas frente al último inventario disponible sobre los entes públicos regionales.

Desvela que las comunidades cuentan con 651 consorcios, con Cataluña y Andalucía a la cabeza; 546 fundaciones, donde también despunta Galicia, y 687 sociedades mercantiles, también con Andalucía y Cataluña al frente del ránking. Parece así que el compromiso del Gobierno, que el pasado año prometió un plan de racionalización del sector público empresarial para eliminar sociedades y alcanzar un ahorro de 16 millones, todavía no ha surtido efecto. Por si fuera poco, tampoco revisten seriedad los mecanismos de control, porque mientras que las fundaciones dependientes del Estado se controlan en un 100%, en el caso autonómico sólo se inspeccionó una muestra del 17%. En opinión de Miralles es imprescindible una reforma del sector público, «que delimite quién hace qué, en lugar de malgastar y consentir que tres administraciones hagan lo mismo».

A su juicio, el incremento del empleo público no se ha traducido en una mejora de los servicios prestados sino en un problema de productividad. En este contexto, la necesidad de salvar las cuentas impondrá a los gobiernos autonómicos una seria revisión sobre el número de funcionarios. A día de hoy, la disparidad reina entre las 17 comunidades autónomas. Lidera la lista Andalucía, con más de 250.000 empleados públicos, seguida por Cataluña, con más de 165.000 funcionarios. Los recortes pasarán también, según los expertos, por el parque móvil. Si las 454 empresas que pertenecen al Estado se suman a los 2.388 entes autonómicos, el total de empresas ascendería a casi 3.000. La mayoría de ellas cuenta con al menos un vehículo oficial. El total ascendería a 1.384 vehículos.

La realidad de las autonomías
Cataluña se ha situado en el punto de mira por su abultado déficit y el plan de recortes elaborado por la Generalitat. Pero, por si fuera poco, la partida destinada al sueldo de los ejecutivos roza los 10 millones de euros. Es decir, sólo la factura de la clase política supone 44.000 euros al mes. En el caso de Extremadura, las nóminas para el personal directivo reflejan un montante de 691.800 euros en la Diputación pacense. Constan así un total de 19,6 millones anuales destinados a gastos en personal público. Sobresale además el caso de Orense: la Diputación gallega presentó un total de 950 empelados, equivalente al 41% del presupuesto. En Castilla y León clama el caso de Segovia: sus dos vicepresidentes responden al gasto de 60.000 euros.