Cataluña desafía al Gobierno y se dota de una ley para convocar referendos

Barcelona- Los soberanistas metieron ayer un gol al Ejecutivo desde Cataluña. El tripartito aprobó el proyecto de ley de consultas populares, una herramienta que permitirá tanto al Gobierno y al Parlamento catalán, como a los ayuntamientos y a los ciudadanos, convocar un referéndum. Este paso convierte a Cataluña en la primera comunidad autónoma que tendrá una ley para convocar referendos.Aunque el consejero de Gobernación, Jordi Ausàs, aseguró que el Gobierno catalán no tiene en mente plantear ninguna consulta, los hay que se frotan las manos. Tanto ERC como CiU ya han avisado de que no descartan convocar un referéndum de autodeterminación ante una eventual rebaja del Estatut por parte del Tribunal Constitucional.Soberanistas 2-Estado 1Sin embargo, en un supuesto partido entre Cataluña y el Estado –en el que se jugara la convocatoria de un referéndum–, el segundo gol del encuentro lo marcaría el Gobierno. Porque, en cumplimiento de la Constitución, éste siempre tendrá la última palabra y decidirá si autoriza o no la consulta, que tampoco será vinculante.Sin embargo, los soberanistas guardan una jugada maestra. Si bien el Estado tiene la potestad de vetar consultas, cada vez que se rechace una propuesta tendrá que explicar si lo hace por cuestiones políticas o técnicas. Si, por ejemplo, la plataforma «Pel Drel a Decidir» –que cuenta con apoyos de ERC y CiU– lograra convocar una consulta para decidir si Cataluña merece un Estado propio y el Gobierno lo tumba por cuestiones políticas, ERC y CiU podrán utilizar este rechazo como arma electoral. Con esta jugada los soberanistas se asegurarían el hipotético 2-1.Para forzar una consulta se necesita el apoyo del 3 por ciento de la población (221.000 personas), o bien que lo reclame el presidente de la Generalitat, una quinta parte de los diputados del Parlament, dos grupos parlamentarios o un 10 por ciento de los municipios. Las consultas municipales las podrá convocar el alcalde, la mitad más uno de los concejales o un porcentaje determinado de vecinos. Desde el PP, la portavoz parlamentaria, Dolors Montserrat, alertó de que la ley se le puede volver en contra al Gobierno catalán. Si bien, el consejero Ausàs insistió en que «se pretende favorecer la democracia participativa y combatir la desafección política», el PP avisó de que la ciudadanía puede acabar harta. Y si la gente «acaba cansada de tener consultas día sí y día también», puede que tampoco vaya a votar cuando se celebren elecciones ordinarias. El vicepresidente catalán, Josep Lluís Carod Rovira, respondió que, por el contrario, la ley permitirá aprender de países con una larga tradición democrática, como Suiza, que cada mes celebra una consulta popular.

Carod se gastó 81.000 euros en Nueva YorkEl Gobierno catalán gastó 80.940 euros en el viaje oficial que su vicepresidente, Josep Lluís Carod-Rovira, realizó a Nueva York para inaugurar una nueva «embajada» de la Generalitat. El coste del viaje se desglosa en 43.385 euros en billetes de avión, 14.834 en alojamiento y manutención, 18.023 en desplazamientos internos y 4.697 en servicios de interpretación, según se detalla en una respuesta parlamentaria a una pregunta del PP. Al gasto de las embajadas habrá que sumar el de las consultas populares y el de una nueva sede de la Generalitat en L'Alguer (Italia). Carod-Rovira anunció la apertura antes del verano de esta «delegación» en el municipio de Cerdeña para dotar de un «plus de estabilidad» a las relaciones entre ambos territorios. El vicepresidente se basó para ello en los vínculos «culturales, lingüísticos y socio-económicos» entre Cataluña y L'Alguer.