CiU considera «inaceptable condenar la libertad de expresión de alguien»

Aprobar la iniciativa de IU-ICV para criticar al Papa Benedicto XVI por sus recientes declaraciones sobre el uso del preservativo sólo serviría para «crear un problema» con el Vaticano y además «incomodaría a una parte de la sociedad». Así de claro lo tiene Convergencia i Unió, que ayer mismo mostró su rechazo a esta propuesta. Y va más allá al asegurar que «sería inaceptable que el poder legislativo de un Estado democrático condenara la libertad de expresión de alguien, independientemente de su condición de jefe de Estado y de líder de la principal confesión religiosa». A su juicio, esta iniciativa no sería «útil porque no va aportar nada» en la lucha contra el sida y no va a cambiar la opinión de la Iglesia católica sobre este asunto. Por ese motivo, CiU «no está por la labor de reprobar al Papa», por lo que no apoyarán la proposición no de ley de IU e ICV. Es más, a CiU le sorprende que estas formaciones tengan interés «sólo en condenar la libertad de expresión de Benedicto XVI, cuando determinados jefes de Estado de la llamada ‘‘izquierda revolucionaria'' conculcan, no ya con la palabra sino con los hechos, los más elementales derechos humanos, entre ellos el de la vida».Trámite parlamentarioLa férrea crítica se ha extendido a todas las formaciones, incluido el propio Ejecutivo. Lejos de lo que se esperaba IU, fuentes del PSOE señalaron ayer que su formación también se inclina por no apoyar una iniciativa que pondría en un compromiso al Gobierno de España al tener que protestar «oficialmente ante la Santa Sede». Aunque reiteraron su «rechazo absoluto» a las declaraciones de Benedicto XVI, mostraron su recelo a lanzar un ataque de estas características contra el Vaticano.Desde Estrasburgo, el ministro de Exteriores, Miguel Ángel Moratinos, se mostró convencido de que no se producirá «ninguna reacción negativa con el Vaticano» e instó a esperar a que se desarrolle el trámite parlamentario. La cautela se hizo extensiva a la vicepresidenta primera del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega, quien aseguró que «respeta la decisión de la Mesa del Congreso», al tiempo que afirmaba que «el Gobierno no tiene nada que decir». Además, De la Vega hizo hincapié en las «relaciones de respeto» con el Vaticano, pese a que existan «diferentes posiciones» en determinados temas. Un derecho de todosSin duda, las palabras de CiU fueron las más contundentes, pero no las únicas. La diputada de Unión, Progreso y Democracia (UPyD), Rosa Díez, señaló que «el mismo derecho tienen IU-ICV a defender su posición que el Papa a defender la suya». Una vez más, el argumento de la libertad de expresión quedaba patente. Eso sí, Díez evitó pronunciarse.La extrañeza por esta iniciativa ha calado hasta en los nacionalistas. El diputado del BNG, Francisco Jorquera, mostraba sus «reservas» a apoyar una queja formal del Gobierno por vía diplomática ante el Vaticano. Jorquera argumentó que «si España es un Estado laico, no hay que concederle al Papa la categoría de autoridad política internacional». El PNV, por su parte, anunció que dará a conocer su postura el próximo lunes, ya que tienen que analizar si el Congreso «cuenta con la necesaria legitimidad» como para reprobar al Pontífice.