Defender la vida «no es hacer política» afirma Rouco Varela

Se reúne la Asamblea Plenaria de la Conferencia Episcopal Española (CEE), inaugurada, como es habitual, con una oración conjunta de los obispos y un discurso del presidente, el cardenal arzobispo de Madrid, Antonio María Rouco Varela, quien advirtió del peligro de que el aborto, la erosión de los derechos de los padres y la de la libertad religiosa vacíen de ética y sentido a la democracia. «El crimen del aborto ensombrece desde siempre la historia de la humanidad», admitió, pero es en el siglo pasado cuando algunos «han empezado a considerar públicamente que eliminar a los que van a nacer no sería algo de por sí reprobable». A esto se han opuesto siempre los obispos españoles «con absoluta independencia de las cambiantes coyunturas políticas», y por eso el cardenal da una detallada lista de pronunciamientos de obispos contra el aborto: en 1974, en 1983, en 1985, 1991, 1994, «varias en 1998, dos en 2000 y una en 2001». Y para completar, añade los documentos contra la clonación y la investigación sin ética de 1988, 2002, 2003, 2004 y 2006. Así, los obispos refutan a las afirmaciones de políticos socialistas que afirman que «con el PP la Iglesia no hablaba de este tema». Y es que, recuerda el cardenal, «predicar el Evangelio de la vida y de la familia y ponerlo en práctica en la vida personal y social no es hacer política en el sentido estricto de esta palabra». El cardenal recordó citas de Juan Pablo II que prevén que «sin una base moral objetiva, ni siquiera la democracia puede asegurar una paz estable» ya que «los más fuertes tienen capacidad de maniobrar la formación del consenso», y así la democracia «se convierte en una palabra vacía». Por eso el cardenal insistió: «No es verdad que la democracia pueda funcionar bien como mero juego de mayorías y minorías con independencia de su sustrato ético y el respeto de los derechos fundamentales».Desde Asturias, donde presidía un acto, la ministra de Igualdad, Bibiana Aído, respondió ayer al cardenal declarando que a la Iglesia Católica le corresponde decir «qué es pecado, pero no qué es delito» y que el Gobierno elabora leyes «sin tener en cuenta criterios religiosos o criterios extremos».