Cataluña

El padre de un discapacitado denuncia a los servicios sociales de Cataluña

La Razón
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MADRID- La Ley de Dependencia sigue dando quebraderos de cabeza a discapacitados y familiares. Antonio Moreno, presidente y portavoz del colectivo Papás de Álex es una de estas personas, que incluso ha tenido que llamar a las puertas de la Justicia para reivindicar lo que considera una injusticia. El progenitor ha denunciado al Centro de Atención al Disminuido (CAD) de Cataluña que lleva el expediente de su hijo, por otorgarle distintos grados de dependencia. La importancia de la valoración es tal que de ella se desprende la necesidad o no de que otra persona sea indispensable para que el beneficiario pueda hacer frente a la vida cotidiana.

En su diana ha puesto a la funcionaria del CAD Badal que lleva el caso, a la que acusa de tener «animadversión» hacia él y su hijo. A ella le acusa de rebajar el grado de dependencia del joven de 18 años. Además, según explica, a lo largo de este tiempo le ha solicitado «mucha más documentación» de la que se suele exigir en el resto de los casos.

La denuncia –por presuntos delitos de prevaricación y mala fe–, que ha sido admitida a trámite, se resolverá a mediados de este mes y la justicia tendrá la última palabra y habrá de esclarecer qué se esconde detrás de estas presuntas «zancadillas».

Retrasos

El portavoz de esta asociación ha luchado por los intereses de los discapacitados, sobre todo con la nueva ley. Ha denunciado los retrasos en la valoración de las personas con problemas, uno de los pasos previos para poder percibir las ayudas.

Ante lo ocurrido, a Antonio Moreno no le quedan más que interrogantes, y siente que detrás de todas estas trabas podría esconderse algún tipo de represalia por su beligerancia ante lo que considera incumplimientos de las leyes: «¿Por qué tengo tantos problemas? ¿Porque soy el presidente de Papás de Álex? ¿Porque soy una persona que mira con lupa a la Administración? ¿A qué se debe todo? ¿A que entro en el Parlamento y les canto las cuarenta? ¿Se trata de una orden indirecta del Gobierno de la Generalitat? ¿Puede ser que se estén vengando? El problema es que no lo están haciendo contra mí. Lo están haciendo contra una persona con discapacidad».