El Supremo obliga a demoler

MADRID- La Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo ha obligado a la Generalitat valenciana a desmantelar los efectos de las obras de rehabilitación del Teatro Romano de Sagunto (Valencia) y devolver al monumento su aspecto original en un plazo de 18 meses. Así lo expresa la sentencia hecha pública ayer en la que los magistrados de la Sala de lo Contencioso-Administrativo, presididos por el juez Ramón Trillo, desestiman el recurso presentado por el Ayuntamiento de Sagunto.

En virtud de esta resolución, la Generalitat valenciana deberá retirar las placas de mármol que adornan la cávea del teatro y derribar el muro de cierre de la escena hasta la cota de 1,20 metros, elementos que fueron instalados durante las obras de rehabilitación en 1990.

El Alto Tribunal ha confirmado de esta forma la sentencia de la Sala de lo Contencioso administrativo del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (TSJCV) dictada en 2003 y que desestimó el recurso interpuesto por el Ayuntamiento de Sagunto. El 16 de junio de ese mismo año, el TSJCV dictó el auto de ejecución de la sentencia. La restitución del aspecto original se tasó en unos seis millones de euros.

En el terreno de la hipótesis

El Ayuntamiento de Sagunto recurrió este auto de ejecución ante el Tribunal Supremo al entender que en él se resolvieron cuestiones no decididas en la sentencia anterior. El TSJCV consideró ilegales las obras en función de la Ley de Patrimonio Histórico Español de 1985. Estimó que se trataba «de una reconstrucción sobre las ruinas auténticas». El teatro se construyó en el siglo I y sufrió múltiples modificaciones a lo largo de su historia.

Por otro lado, el consistorio alegó que, al haberse producido un cambio normativo, podrían considerar conforme a derecho las obras que se hicieron para rehabilitar el teatro. La sentencia también desmonta este motivo y señala que el Ayuntamiento «se mueve en el terreno de la hipótesis» y afirma que la norma de aplicación, por la cual los trabajos de rehabilitación realizados son ilegales, «estaba vigente cuando se aprobaron las obras». El ayuntamiento también alegó que la sentencia resultaba materialmente de imposible ejecución. El consistorio entendía que el grado de reversión acordado por el auto imposibilitaba el uso cultural continuado del teatro con la consiguiente repercusión negativa en el ámbito cultural de la ciudad «y que afectará negativamente a la calidad de vida de los saguntinos y a la actividad económica del municipio».

Preservar el patrimonio

El Supremo también ha desestimado este argumento porque considera que la realización de las obras ordenadas por el TSJCV se hicieron de acuerdo con las pruebas periciales realizada «con todas la garantías procesales y teniendo en cuenta los distintos intereses en conflicto» y preservando «en la mayor medida posible el bien cultural protegido».

El largo proceso judicial fue iniciado por el abogado Juan Marco Molines, que después sería diputado autonómico del PP. Los populares incluyeron en su programa electoral de 1995 el derribo de las obras. Manuel Portacelli, el arquitecto de la remodelación, dijo en su día que demoler el muro del escenario y quitar las placas de mármol que cubren gran parte del graderío significa en realidad «deshacer el concepto de la intervención» que él había planteado.