Gallardón lleva a los tribunales la lucha por el poder en Caja Madrid

MADRID- La contienda por el control de Caja Madrid que enfrenta desde el año pasado al Ayuntamiento de la capital y al Gobierno Aguirre cambió ayer de campo de batalla. A partir de ahora será la Justicia la que de y quite razones. La Junta de Gobierno del consistorio dio ayer su plácet a la presentación ante los tribunales de un recurso contencioso-administrativo contra los nuevos estatutos de la entidad adaptados a la reformada Ley de Cajas autonómica, en la que los ayuntamientos pierden poder en sus órganos de representación. El Ayuntamiento considera la nueva representación de las corporaciones locales que otorga los estatutos «lesiva» para los intereses de los madrileños y «contraria al artículo 2.3 de la Lorca». Según las estimaciones de la Alcaldía, Madrid pasaría de 70 a 24 representantes. Fuentes de la entidad no descartan que a este recurso se sume el de otros ayuntamientos, que también verán mermado su peso en los órganos de la caja. De momento, CC OO ya ha anunciado su decisión de llevar a los tribunales la reforma de la Ley de Cajas. Con este esperado giro dado ayer en la pugna por el poder en la cuarta entidad crediticia de España, fuentes de su consejo dan por descontado que su asamblea general rechazará los nuevos estatutos el próximo 23 de marzo. Al menos, en ese sentido votarán los dos tercios de representantes que en el consejo aprobaron la semana pasada por «imperativo legal» su convocatoria para someter a su decisión unos estatutos que rechazan por «inconstitucionales». Así lo advirtieron ayer fuentes del consejo, después de que el vicepresidente de la Comunidad, Ignacio González, asegurara que los estatutos fueron aprobados por «unanimidad». Esta declaración agudizó el malestar ya existente en la caja, que se respaldaron por «imperativo legal» y no por «unanimidad». Mientras, el Gobierno Aguirre alertó de que las actas del consejo certifican que se refrendaron por unanimidad. Además, insiste en que ya existe un precedente similar al de Madrid en Murcia, donde el Constitucional dio la razón a su Ejecutivo.