Garzón «no engañó» al CGPJ sobre sus ingresos en EE UU

MaDRID- Baltasar Garzón no engañó al Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) en relación a las retribuciones que ingresó durante su licencia de estudios en Nueva York y, en todo caso, si hubiese incurrido en una falta ésta ya estaría prescrita. Ésta es la conclusión a la que ha llegado el Servicio de Inspección del CGPJ respecto al cobro, por parte del magistrado, de 203.000 dólares de la Universidad de Nueva York entre marzo de 2005 y junio de 2006 por sus actividades docentes y de investigación.
Pero el informe de Inspección no es vinculante y quienes deberán decidir si archivan o no la denuncia contra Garzón – respaldada por los abogados Antonio Panea y José Luis Mazón– son los cinco vocales de la Comisión Disciplinaria, que se reunirán el próximo martes. En todo caso, y al margen de su decisión, ésta se podría recurrir ante el Pleno del Consejo. Éstas son las principales conclusiones del informe:
n No faltó a la verdad. Cuando solicitó la licencia de estudios, Garzón explicó que estaba gestionando con la Universidad de Nueva York que cubriera, además de sus gastos de desplazamiento (percibió 22.152 dólares por este concepto) y vivienda, los de «mantenimiento personal y familiar» (finalmente le abonaron 132.152 dólares de remuneración y otros 21.650 por la matrícula de su hija en la Escuela Internacional de la ONU). Esta afirmación, mantiene, pone de manifiesto que «la actividad a la que se refería la licencia iba a ser remunerada». Por tanto, «en ningún caso existe el engaño o falta de verdad».
n La falta, prescrita. Aunque la resolución deja claro que Garzón «no ha cometido falta alguna», aclara que, en todo caso, dado que la Comisión Permanente del CGPJ dio el visto bueno a la memoria de la actividad de Garzón durante su licencia el 11 de julio de 2006, cualquier falta habría prescrito dos años después, el 11 de julio de 2008, cuatro meses antes de que se presentase la denuncia.
n No hay incompatibilidad. La actividad docente para la que el juez Garzón pidió la licencia de estudios, subraya la resolución, «en ningún caso hubiera sido incompatible con el cargo del magistrado».
n Cantidades correctas. Según el Servicio de Inspección, los 203.000 dólares que cobró el juez de la Audiencia Nacional no exceden «en ningún caso» los límites fijados por ley, pues Garzón no compatibilizó dos cargos públicos porque la Universidad de Nueva York no forma parte de la Administración española.
n Deber de abstención. Inspección rechaza que Garzón estuviese obligado por ley a abstenerse de instruir una causa contra el Banco Santander, que terminó archivando, después de que la entidad financiase algunos cursos de la Universidad porque «en modo alguno» patrocinó al magistrado.
 

Apoyo de familiares de desaparecidos
Varias asociaciones de la memoria histórica y familiares de desaparecidos durante la Guerra Civil y el franquismo se autoinculparon ayer ante el Tribunal Supremo (TS) como «inductores y cooperadores necesarios» de las resoluciones del juez Garzón. Tras presentar en el registro del Supremo 103 escritos de autoinculpación, el abogado de la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica, Fernando Magán, explicó que estas personas se consideran inductoras de la decisión de Garzón de declararse competente para investigar los hechos.
En los escritos se reclama, además, la recusación de los magistrados que admitieron a trámite la querella por prevaricación que el sindicato Manos Limpias presentó contra Garzón, y especialmente la del ponente de esa resolución, Adolfo Prego, informa Efe. Según Magán, la recusación de Prego se solicita «por su posición pública sobre la materia», por su «falta de imparcialidad» y por su «relación directa o indirecta con los querellantes», ya que firmó un manifiesto en contra de la Ley de Memoria Histórica.