Garzón quiere investigar al equipo jurídico de Bush que dio cobertura legal a Guantánamo

Madrid- Argentina, Chile, Guatemala, Israel, Tíbet, Ruanda, Sahara, El Salvador... Las querellas en demanda de la aplicación del principio de justicia universal hace tiempo que han dejado de ser una excepción en la Audiencia Nacional. Y ahora, Guantánamo. El juez Baltasar Garzón estudia la posibilidad de investigar el campo de detención emblema de la «guerra contra el terror» impulsada por la Administración Bush tras la denuncia interpuesta por un grupo de abogados españoles contra seis ex altos cargos de EE UU por delitos de torturas. Los letrados Gonzalo Boye, Isabel Elbal, Antonio Segura y Luis Velasco mantienen que los querellados –todos ellos abogados y juristas– «participaron activa y decisivamente» en la elaboración del «andamiaje jurídico» que permitió que Guantánamo (Cuba) se convirtiese en lo que el propio Tribunal Supremo calificó de «limbo» judicial.La denuncia –que fue presentada el pasado día 17– apunta como cooperadores necesarios de las torturas a Alberto Gonzales, que fue consejero de Bush; David Addington, ex consejero general del ex vicepresidente Dick Cheney; William Haynes, antiguo consejero del Departamento de Defensa de EE UU; Douglas Feith, ex subsecretario de Defensa para Asuntos Legales; Jay Bybee, ex jefe de la oficina de Asesoría Legal del Departamento de Justicia, y John Yoo, que fue segundo asistente del fiscal general. Según los querellantes, todos ellos –«con utilización maléfica de sus respectivas posiciones y conocimientos jurídicos»– crearon el «ropaje jurídico» para «fomentar, practicar y amparar la tortura» en el centro de detención de Guantánamo. De hecho, añaden, el memorando que habilitó a la CIA para poner en marcha estos centros fue elaborado por Addington, Haynes y Gonzales, dando así «cobertura a las acciones criminales que se cometerían en contra de los prisioneros», definidos como «combatientes ilegales». «Sin ellos y sin las respectivas posiciones que ocupaban –afirman– el plan criminal no se habría logrado perfeccionar».Como expertos jurídicos, «eran conocedores de que las técnicas de interrogatorios que propusieron, implantaron y encubrieron» eran contrarias a la Convención contra la Tortura de 1984.Ahora, la Fiscalía de la Audiencia Nacional deberá pronunciarse la próxima semana sobre la admisión o no de la denuncia.

«No es una querella contra EE UU»Gonzalo Boye, uno de los abogados impulsores de la denuncia, recuerda que a diferencia de otros casos de justicia universal, en éste hay víctimas españolas (de hecho, cinco ciudadanos españoles o con residencia en nuestro país estuvieron recluidos en Guantánamo), lo que en su opinión despeja cualquier duda sobre la admisión de la querella por parte de Garzón. «Esperamos que EE UU –dice Boye– cumpla con el Convenio contra la Tortura y juzgue a los denunciados o los entregue a España». El abogado asegura que «no es una querella contra Estados Unidos, sino por EE UU», en defensa, insiste, de una tradición de salvaguarda de los derechos y libertades que «ha sufrido un lapsus durante la Administración Bush».