Justas y legítimas

A estas alturas ya nadie tiene dudas sobre el estado lamentable que presenta la Administración de Justicia, entendida como servicio público, ni sobre la acuciante necesidad de abordar un proceso de reforma y modernización que, invirtiendo lo necesario, provea de un sistema capaz de funcionar con aceptable rapidez y suficiente grado de eficacia. La evidencia de tal diagnóstico y la precisión de actuar de ese modo también han servido para confirmar, superando los argumentos «ad hominem» que nos acusaban de corporativismo e insolidaridad, que los jueces tenemos razón y que nuestras reclamaciones son justas y plenamente legítimas. Lo que cabe esperar por eso de la reunión que esta mañana se celebrará en el Ministerio de Justicia entre representantes de las Asociaciones Judiciales y el titular y demás miembros destacados del mencionado departamento, es receptividad, implicación y disposición por parte del Sr. ministro y miembros de su equipo. Las reclamaciones son conocidas y están formuladas de forma clara y concreta: efectiva y urgente instauración de la oficina judicial, con clara distribución de funciones y consiguiente delimitación de ámbitos de responsabilidad, lo que se debe efectuar sin merma o restricción del principio de independencia judicial y sin expropiar a los jueces la facultad de señalar los juicios y las vistas; puesta al día y modernización informática y tecnológica; formación adecuada de todo el personal auxiliar y al servicio de la Administración de Justicia; establecimiento por el CGPJ de las cargas máximas de trabajo asumibles por el órgano jurisdiccional; revisión de la planta judicial; establecimiento de un sistema eficaz de sustituciones prestado por jueces titulares; profundización y mejora de derechos profesionales básicos, y revisión y cumplimiento estricto de lo establecido por la Ley de Retribuciones. La respuesta del Ministro tiene que ser también pública, clara y concreta. Tiene que explicar, en relación con las referidas demandas, lo que se está haciendo; lo que se piensa hacer; en cuánto tiempo y con qué cantidad de dinero presupuestado y dispuesto para ser invertido y gastado. El ministro tiene que poner de manifiesto, sin caer en la retórica y más allá de las buenas palabras, que está dispuesto a aceptar nuestras demandas y a desplegar de forma inmediata un programa de actuaciones que tenga por objeto su completa traducción y plasmación en la práctica. Si no lo hace protagonizará un gran e inexplicable fracaso. Dejará a los jueces sin salida y les obligará a adoptar medidas de presión. Y se convertirá en artífice de los perjuicios e incomodidades que sufran los ciudadanos. Y todo, entonces, por la inoperancia y falta de luces de un ministro incompetente que habría demostrado, definitivamente, que carece de altura política y que no está capacitado para continuar, ni un minuto más, al frente del Ministerio.