La justicia francesa rebaja la ley Sarkozy

Asegura que sólo un juez puede sancionar a los que se descargan gratis contenidos protegidos con «copyright»

Sarkozy, ayer, habla con alumnos de un instituto cerca de París
Sarkozy, ayer, habla con alumnos de un instituto cerca de París

Una ley descafeinada y difícilmente aplicable. A eso es a lo que ha quedado reducido el texto que con tantas dificultades el Parlamento galo aprobó el pasado mes de mayo y que tiene en su punto de mira a los «piratas» de la red. Solicitado por el Partido Socialista, el Consejo Constitucional galo –responsable de verificar la constitucionalidad de una norma – decidió ayer extirparle a la ley su corazón. Es decir, le retira a la llamada ley Hadopi su poder sancionador. Este organismo tenía que ser el encargado a partir del próximo otoño de aplicar la controvertida «sanción gradual», consistente en advertir y, llegado el momento, suspender la conexión a internet de los internautas infractores reincidentes. Éste había sido el deseo de Sarkozy para atajar la sangría que las descargas ilegales están generando en la industria musical y cinematográfica. Pero al presidente le han infligido un buen revés.

«Censura parcial»

Los «sabios» del Consejo, entre los que se encuentran dos ex jefes de Estado, Valéry Giscard d'Estaing y Jacques Chirac, acuden nada menos que a la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano para fundamentar la «censura parcial» de los artículos 9 y 11.
Así, estiman que el acceso a internet es un derecho fundamental y que, en consecuencia, la única autoridad competente para privar a un ciudadano de este derecho es la judicial. No una instancia administrativa como sería la Hadopi, cuyo papel, según el Consejo, queda limitado a «advertir al infractor que ha sido localizado pero no a sancionarle». Invalidan también la «presunción de culpabilidad» que se cernía sobre el usuario. Según la ley, la simple detección de una IP (matrícula del ordenador) descargando contenidos ilegales culpabiliza a su propietario, teniendo éste que demostrar su inocencia –por ejemplo, en caso de usurpación de IP –. La decisión del Consejo estipula que las pruebas de culpabilidad las tiene que aportar el organismo de control. Aun vaciada de su esencia, la ley se aplicará en los plazos previstos, según dijo ayer la ministra de Cultura, Christine Albanel, que confía en que los primeros correos de advertencia – unos 10.000 diarios– se envíen a partir de otoño. Antes, el texto tendrá que ser retocado y aprobado de nuevo en el Parlamento

Bautista pide un Davos cultural
El Gobierno español no puede tener una posición «tibia» ante la piratería digital, una cuestión que obstaculiza ya las relaciones con EEUU, dijo a Efe el presidente del Consejo de Dirección de la SGAE, Teddy Bautista, quien propuso ayer crear un «Davos de la cultura» para hacer realidad la protección de los derechos de autor durante su intervención en la Cumbre Mundial sobre ese tema en Washington. Bautista recordó que EEUU incluyó recientemente a España en la lista de los cinco países más piratas del mundo. «Eso España no se lo puede permitir», afirmó el representante de la SGAE, quien subrayó que el estar en esta lista «restringe la fluidez de las relaciones comerciales» con EEUU.