La Ley del Aborto se queda sin ningún aval jurídico

El Gobierno se ha encontrado con que tendrá que defender en el Parlamento su ansiada reforma de la Ley del Aborto sin contar con el respaldo de ninguna de las dos instituciones jurídicas que debían informar al anteproyecto. Ni el Consejo Fiscal, órgano representativo de la Carrera, ni el Consejo General del Poder Judicial, órgano de gobierno de los jueces y magistrados, han avalado una reforma que prevé el aborto libre hasta la semana 14 de gestación y que las menores de edad puedan hacerlo sin tan siquiera informar de ellos a sus padres.El CGPJ fue incapaz ayer de sacar adelante ninguno de los dos informes que se debatían. En primer lugar, el propuesto como enmienda, presentado por el vocal Claro José Fernández, en el que se concluía que la reforma del Gobierno era a todas luces inconstitucional y se denunciaba que el Estado no ofrecía garantías para proteger la vida del nasciturus. Este informe contó con el apoyo de los nueve vocales elegidos a propuesta del PP y del propio presidente del Consejo, Carlos Dívar, mientras que los nueves designados a instancias del PSOE y los del PNV y CiU, Margarita Uría y Ramón Camp, respectivamente, lo hicieron en contra. Por tanto, este informe fue rechazado.Posteriormente, se pasó al debate y votación del informe aprobado por la Comisión de Estudios, del que fue ponente Margarita Uría. En ese dictamen se defendía la constitucionalidad de la ley de plazos e incluso se iba más allá de lo propuesto por el Ejecutivo, al entender que incluso las menores de 16 años pudiesen abortar sin consentimiento de sus progenitores y ni tan siquiera informarles «en aquellos casos en los que la actuación entrañe un grave riesgo». En todo caso, se consideraba «oportuno» que los padres pudiesen ser «informados» de la decisión de la joven.Este informe contó con el respaldo de los nueve vocales propuestos por el PSOE y de la ponente y con el rechazo de los del PP y de Carlos Dívar, quien no participó en ningún momento en el debate. Por tanto, todo dependía de la decisión de Ramón Camp, elegido a instancias de CiU, quien optó finalmente por abstenerse.Lagunas legales y satisfacciónEste vocal, según fuentes del propio Consejo, justificó su postura en que, si bien estaba de acuerdo con la instauración de un sistema de plazos para abortar, consideraba que existían «lagunas legales» en todo lo referente al sistema de garantías.De esta forma, se producía una histórica situación, toda vez que ninguno de los dos informes debatidos contó con los 11 votos necesarios para salir adelante. Así, el Consejo no informará la reforma de la ley, porque, tal como señaló su portavoz, Gabriela Bravo, «tras el debate correspondiente no se ha conseguido consensuar voluntades suficientes para sacar el informe adelante».En este sentido, reconoció que esta ley «ha generado polémica, discusión doctrinal y posiciones encontradas», tanto en la sociedad como en el propio órgano de gobierno de los jueces.Tras esta situación, los vocales analizaron la posibilidad de realizar un tercer informe. Sin embargo, se rechazó tal posibilidad toda vez que el Consejo solicitó ya dos prórrogas al Gobierno para emitir el correspondiente dictamen –preceptivo pero no vinculante– al anteproyecto del Gobierno. «El Consejo no va a emitir ningún informe», afirmó Gabriela Bravo. La decisión de ayer será la que se notifique al Gobierno.Donde sí había satisfacción era en el grupo «conservador», porque «lo importante era que no saliese adelante el informe favorable» a la reforma de la citada ley, tal como reconoció uno de sus vocales. «Había que hacer todo lo posible para que un informe como éste –el favorable– saliese adelante, y se ha conseguido», incidió al respecto.Advertencias de los fiscalesDe esta forma, el Ejecutivo no podrá presentar ningún informe favorable a su reforma. Pero, además, sólo contará con el emitido por el Consejo Fiscal, donde se tachaba de inconstitucional el aborto libre hasta la semana 14 por obviar el derecho a la vida del no nacido.En este sentido, el órgano representativo de la Carrera Fiscal sostenía en su dictamen – aprobado con 6 votos a favor y 5 en contra, entre ellos el del fiscal general, Cándido Conde-Pumpido– que la jurisprudencia del Tribunal Constitucional deja claro que «la vida humana en formación es un bien que constitucionalmente merece protección». Por ello, en una ley de plazos el derecho a la vida del no nacido queda «absolutamente desprotegido», se sostiene al respecto.Así, el anteproyecto del Gobierno, añadían los fiscales en su informe, «no cumple con el deber de establecer un sistema legal para la defensa de la vida del nasciturus», pues durante las primeras 14 semanas de gestación la petición de la embarazada «es suficiente» para que pueda abortar.