La SGAE se va de fiesta

Durante el verano, los inspectores de la SGAE añaden a sus tareas habituales en bares y discotecas las fiestas populares que invaden cada rincón del país. Pero no todas las celebraciones tienen el mismo rango, y la sociedad tiene bien delimitadas las cantidades según el tipo de festejo. Los tradicionales desfiles de moros y cristianos en el marco de una fiesta determinada son los que se llevan la peor parte: cada día de desfile debe abonar, como mínimo, 430 euros. La tarifa depende del número de «festeros» que componga el desfile, que en caso de superar los 7.500, le supondrá a la organización el pago de 7.757 euros.

Pagar sin cobrar

En el apartado de pasacalles, dianas, bailes folclóricos y desfiles de carrozas, y a pesar de que sus intérpretes no perciben ninguna contraprestación económica, las tarifas varían según los habitantes de cada municipio. Los más pequeños deben pagar 5,5 euros por cada acto, mientras que los de más de 15.000 habitantes 18,52.

Un caso similar es el de las típicas bandas de música municipales. Cada vez que salen a la calle a tocar sin cobrar la sociedad de gestión sí lo hará, y tendrá en cuenta el número de habitantes del municipio en cuestión: desde 35 hasta 88 euros deben pagar por cada acto.

Además, la entidad tiene unas tarifas establecidas para el uso del repertorio en diversos lugares que no desarrollan ninguna actividad comercial, por ejemplo, en establecimientos sanitarios, lugares de trabajo y universidades. Los hospitales, por ejemplo, al poseer medios de comunicación pública como los televisores de las habitaciones. Cada hospital con camas debe pagar, como mínimo, 17,76 euros al mes. Si el establecimiento no dispone de habitaciones que permitan el internamiento deberá pagar en relación a sus metros cuadrados, una cantidad que oscila en una horquilla desde los 11,28 euros a los 9,279 mensuales.

Por su parte, si una empresa toma la iniciativa de amenizar la jornada laboral de sus empleados con un poco de música deberá pagar desde los 9,70 euros en el caso de que la superficie de la compañía no supere los 150 metros cuadrados, hasta los 17.867 si el lugar de trabajo ocupa 505.000 metros cuadrados.

Los destinatarios de las «visitas comerciales» de la SGAE no son, como vimos, sólo empresarios de la hostelería. Cualquier lugar en el que se escuche música es susceptible de recibir la factura con el sello de la SGAE de manos de su «policía cultural». Destacan los casos del cobro de derechos de autor que la entidad hizo a la Fundación Víctimas del Terrorismo por celebrar conciertos solidarios cada 11 de marzo en el Auditorio Nacional. También saltó la alarma cuando sus inspectores cobraron derechos de autor durante el concierto solidario destinado a recaudar fondos para tratar a Juanma, un niño que padece el Síndrome de Alexander. En ambos casos la entidad percibió el 10 por ciento de lo recaudado en taquilla, una cantidad a la que, en ocasiones, hay que sumar también el 10 por ciento de los gastos de la organización.