La UE se rinde a la «ley Sarkozy»

El Parlamento Europeo podría retirar hoy uno de los últimos obstáculos a la polémica ley contra las descargas de Nicolas Sarkozy. Tras meses de pugnas soterradas, los eurodiputados han descafeinado su rechazo a que sea un organismo administrativo, y no un juez, quien pueda cortar la conexión a internet a los «piratas» más recalcitrantes, como pretende el presidente francés. El acuerdo ha provocado el rechazo de las asociaciones de internautas de toda Europa, que consideran que el acceso a la red es un derecho fundamental que no debe limitarse con tanta facilidad.La polémica surgió durante el trámite de una reforma comunitaria para «agilizar» el mercado de las telecomunicaciones. La «ley Sarkozy» provocó las iras de los eurodiputados, que la consideraban una violación de los derechos individuales. De ahí que trataran de introducir en la legislación europea una cláusula que exigía que los cortes de la conexión a los «piratas» estuvieran bendecidos por un juez antes de ejecutarse.Mano de obra barataSin embargo, parece que el Parlamento ha sucumbido a las presiones del Gobierno francés, muy preocupado por los posibles daños del voto del Parlamento Europeo contra su proyecto de ley, que se votará este mes. Tras semanas de negociaciones, alcanzaron un acuerdo para votar una versión «light» de la propuesta original. Y todo indica que la iniciativa será aprobada hoy en el Parlamento Europeo, pues cuenta con el respaldo de los principales grupos de la cámara, incluidos los socialistas y los populares.El texto definitivo está repleto de ambigüedades que permiten que ambas partes canten victoria. Así, desaparece del texto la exigencia de la autorización judicial previa, tal y como pedía Francia. A cambio, los eurodiputados han conseguido que cualquier medida sea recurrible ante los tribunales y que respete los derechos y libertades fundamentales de los ciudadanos, como la privacidad, la libertad de expresión o el acceso a la información. «Es la típica solución de la UE: como no íbamos a alcanzar un acuerdo, que cada país haga de su capa un sayo», admitieron ayer desde el Parlamento. «Era un tema demasiado pequeño para que bloqueara la aprobación de una directiva importantísima para el sector de las telecomunicaciones»Según la eurodiputada popular Pilar del Castillo, el Parlamento Europeo se ha limitado a «establecer unos principios» para proteger los derechos de los internautas. Ahora, cada Estado miembro decidirá cómo aplica la norma y serán los tribunales quienes decidan si lo han hecho de forma apropiada. «Las decisiones comunitarias no se hacen a favor o en contra de una determinada ley nacional», aseguró la eurodiputada ante las especulaciones sobre posibles efectos de la votación en el proyecto de Sarkozy.La disputa se enmarca en las complicadas negociaciones para impulsar la liberalización de las empresas de telecomunicaciones. El Parlamento quiere que las operadoras den información más transparente sobre las tarifas y las condiciones de los contratos. Además, tendrán que mejorar el acceso a los discapacitados y proteger mejor a sus usuarios ante cualquier uso malicioso de los datos que proporcionan durante sus actividades en la red.Tres «lobbies»Esta reforma también preocupa a los internautas, que denuncian que el texto supone un recorte de derechos de los ciudadanos ante las empresas y los gobiernos. De ahí que las principales asociaciones de Europa hayan protagonizado numerosas movilizaciones para tratar de bloquear la aprobación de la directiva comunitaria. «Este es el resultado de la presión de tres de los "lobbies"más fuertes del mundo: el político, el de las telecomunicaciones y el de los derechos de autor», asegura Enrique Dans, profesor de Sistemas de la Información de IE Business School. «Están tratando de cambiar la naturaleza de la red, tomar el control de un internet que les parecía demasiado libre».Industria pide que se vuelva a negociarEn España las negociaciones entre los operadores de telefonía y la industria creativa están congeladas desde la semana pasada, como ya adelantó LA RAZÓN. Ayer, Francisco Ros, secretario de Estado de Telecomunicaciones, animó a ambas partes a que retomen las conversaciones. «Es una situación complicada en la que es difícil alcanzar soluciones rápidas. Pero los puntos de acuerdo a los que se ha llegado han sido muy valiosos», manifestó Ros. Las principales divergencias entre ambas partes estriban precisamente en imitar o no al modelo francés, a lo que se oponen los operadores. El responsable de Telecomunicaciones anunció que Cultura e Industria tomarán una decisión en la que pesen tanto la opinión de las partes como lo que decida el contexto europeo.