Los desafíos de la financiación

El interminable «culebrón» de la financiación autonómica ha llegado a sus últimos capítulos, aunque no está claro que el final feliz se produzca antes del 15 de julio, fecha a la que se comprometió el presidente del Gobierno. La vicepresidenta Salgado ha intensificado en los últimos días los contactos con los presidentes autonómicos, a los que ha prometido que esta misma semana tendrán sobre sus mesas las cifras definitivas, si es que puede haber algo definitivo en asuntos de dinero. En todo caso, el nuevo modelo llegará con más de un año de retraso, después de bruscos frenazos y acelerones, y es muy improbable que satisfaga a todas las comunidades autónomas por igual. Al presidente del Gobierno no se le puede negar su interés e implicación personal en la búsqueda de un modelo de consenso, que le llevó a recibir durante semanas a todos y cada uno de los presidentes regionales. Sin embargo, los resultados han sido magros, por no decir inexistentes. Zapatero ha querido satisfacer todas las demandas y agradar a todos los interlocutores prometiéndoles mejoras sustanciales con respecto al periodo anterior y poniendo sobre la mesa una partida adicional de 9.000 millones de euros. Pero con esta filosofía y pese a ese esfuerzo añadido, el «sudoku» no cuadra, porque se prometen más porciones de las que tiene la tarta del Estado. Ante la dificultad de diseñar un modelo común y único para todos, con criterios objetivos e inamovibles, el presidente del Gobierno ha optado por ofrecer cantidades globales y limitar a muy pocos los baremos financieros. Así, el campo de juego queda delimitado por el volumen de población y nivelación parcial de recursos mediante factores de corrección. En este punto interfieren argumentos de mayor cuantía, como son las exigencias que recoge el Estatut para que Cataluña obtenga una financiación por encima de la media y el trato bilateral que la Generalitat desea con el Estado, como lo refleja el hecho de que haya impuesto como interlocutor a la vicepresidenta primera en perjuicio del vicepresidente tercero, que es el encargado de negociar con las administraciones. Más allá, sin embargo, de estas connotaciones nacionalistas, lo verdaderamente vital para el funcionamiento del Estado autonómico es que el modelo que se apruebe sea equitativo, que coadyuve al desarrollo equilibrado, que no genere divisiones ni clases entre las regiones y, en suma, que redistribuya los recursos atendiendo al norma universal de convivencia según la cual, aunque los servicios sean comunes, paga más quien más tiene. De cualquier modo, habrá que tener especial cuidado con que el modelo final no debilite la caja del Estado e incremente su endeudamiento, que ya alcanza cifras muy elevadas y puede llegar al 10% del PIB. Porque debe tenerse presente que uno de los ejes del nuevo modelo es una cesión mayor de impuestos a las autonomías, a saber: el 50% del IRPF e IVA y el 58% de los impuestos especiales, como gasolinas y tabaco. No es difícil augurar que si los ingentes recursos financieros que el Estado destina a las autonomías no se dedican a enjugar sus elevados déficit y, por el contrario, se emplean en más gasto público para mayor gloria del gobernante local, el resultado del «sudoku» será nefasto: un Estado endeudado y unas autonomías en ruina. De ahí que el Gobierno haría bien en incluir en el pliego de financiación un catálogo de cautelas de obligado cumplimiento. El uso del dinero de todos exige el control estricto del Gobierno de todos.