Los indígenas claman justicia

BUENOS AIRES- «La mano de hierro» fue la consiga utilizada por la Policía aprista durante el primer mandato de Alan García (1985-1990) cuando el presidente peruano no dudó en declarar la guerra sucia al grupo terrorista Sendero Luminoso. Veinte años después la situación ha cambiado, pero algunos métodos perduran.
El Gobierno ha tenido que pagar un precio muy alto para restablecer el orden. 24 agentes asesinados y por lo menos 40 indígenas –aunque fuentes oficiales solo admitan nueve–. Además diferentes organizaciones civiles denuncian hasta 400 desaparecidos.
Unidades policiales continúan apostadas en las plazas y calles de Bagua, una de las ciudades en donde ocurrieron los choques y en las que desde el viernes prevalece un toque de queda a partir de las tres de la tarde.
Recoger a muertos dispersos por el campo y hallar a incontables desaparecidos son la preocupación de centenares de indígenas amazónicos, que se refugiaron en un centro católico tras los violentos choques con la Policía.
Cobijados por las Hermanas de la Santísima Trinidad en Bagua Grande, los nativos pedían garantías al Gobierno, al que desafiaron exigiendo respeto a sus territorios y recursos naturales.
Las religiosas indicaron que eran unos 700 los indígenas, entre ellos varias mujeres y niños, que buscaron la protección de la Iglesia Católica tras sus protestas contra una política de inversiones expresada en una ley sobre la explotación de hidrocarburos y otros recursos de las selvas.
«Nos han dicho que muchos de nuestros hermanos muertos han sido tirados al río Marañón para ocultar la matanza, también vimos a la Policía incinerar cuerpos», dijo Carlos Anchanchi, uno de los dirigentes refugiados.
La búsqueda abarcaría también a los desaparecidos, al menos 400 según los indígenas. Algunos habrían huido monte adentro otros, habrían corrido peor suerte.
El presidente del Consejo de Ministros, Yehude Simon,, reconoció ayer que el Gobierno tuvo parte de la culpa del enfrentamiento. Simon admitió que «se intentó buscar el desarrollo de la selva desde Lima», pero «sin una comunicación como debería haber sido» con las poblaciones indígenas para determinar las políticas que se deberían aplicar.