El lider indigena de Perú se refugia en la embajada de Nicaragua

El líder indígena Alberto Pizango se refugió en la embajada de Nicaragua en Lima, en medio de la crisis generada por los enfrentamientos que dejaron 33 muertos en la Amazonía y que hoy obligaron a comparecer al primer ministro ante el Congreso de la República.

Los detalles de los violentos sucesos ocurridos el viernes y sábado último en la localidad selvática de Bagua aún mantienen un halo de incertidumbre ante las versiones, rechazadas por el Gobierno, de que hay decenas de muertos entre los civiles.
Alberto Pizango, el líder indígena amazónico que se encontraba en paradero desconocido desde el pasado viernes, se refugió en la embajada de Nicaragua en Lima, según informó el primer ministro, Yehude Simon. "Acabo de recibir un informe de la embajada de Nicaragua, que dice que en la tarde de hoy se refugió el ciudadano Alberto Pizango, y el Gobierno (de ese país) lo ha aceptado", indicó Simon en una comparecencia ante la Comisión de Defensa del Congreso peruano.

La embajada de Nicaragua, que no responde al teléfono, no ha confirmado todavía la noticia, y tampoco lo ha hecho la organización Aidesep. Pizango, líder de la Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana (Aidesep), es acusado por el Gobierno de instigar los enfrentamientos que desde el pasado viernes han dejado un saldo de 24 policías y nueve nativos muertos, según cifras oficiales. Los delitos de los que se le acusa, y por los que rige una orden de búsqueda y captura de la fiscalía de Lima, son los de sedición y homicidio calificado y ataque a las fuerzas armadas, cargos que podrían derivar en una pena de hasta 35 años de cárcel.
Los indígenas amazónicos promueven un paro indefinido de las comunidades selváticas desde el 9 de abril, que ha incluido cortes de carreteras, tomas de yacimientos petroleros y gasísticos, bloqueo de ríos, y continúa vigente.

Las protestas alcanzaron su momento más crítico el pasado viernes, cuando el intento de desbloqueo de la carretera Belaunde Terry, en la provincia amazónica de Bagua, derivó en los fuertes enfrentamientos. Estos sucesos llevaron hoy al Congreso al primer ministro, quien dijo que se siente responsable por la muerte de 24 policías en los choques y ratificó que el Ejecutivo realizó un "esfuerzo supremo"para solucionar las protestas.

El presidente del Consejo de Ministros, que acudió acompañado por la ministra del Interior, Mercedes Cabanillas, responsabilizó del fracaso del diálogo a Pizango, tras presentar una serie de documentos como supuestas pruebas de la intención que tuvo el Gobierno de solucionar la protesta. "En el nombre de Dios les digo que actuamos respetando los derechos humanos, dialogando. Me siento culpable de la muerte de los policías, porque dijimos que no llevaran armas mortales, que debíamos hacer que esta gente se retirase", indicó.

Durante la sesión parlamentaria, en la que se guardó un minuto de silencio en homenaje a las víctimas de los enfrentamientos, Simon también cuestionó los pedidos formulados para que, junto a la ministra del Interior, renuncie a su cargo por los sucesos de Bagua. Manifestó, asimismo, su "profunda preocupación por la forma como se comunica al mundo la muerte en la Amazonía"y puso ejemplos de informaciones emitidas en Estados Unidos y Reino Unido que hablan "de una masacre de comunidades indígenas". "No se presenta lo que ha pasado realmente en el país, sino un desprestigio que afecta no sólo al Gobierno sino a Perú en su conjunto", precisó. Ante las versiones de desaparecidos, las autoridades peruanas realizaron hoy una infructuosa búsqueda en la remota comunidad de Jorobamba, al norte del país, después de denunciarse la existencia de una fosa común con los cuerpos de unos 15 indígenas.

El jefe de la unidad de la Defensoría del Pueblo de Amazonas, Roberto Guevara, otro representante de este organismo, y un grupo de periodistas se dirigieron a Jorobamba por un camino no asfaltado, pero corroboraron que no existía tal fosa común. En Jorobamba ya estaba el jefe de la Brigada de la Selva del Ejército, general Raúl Silva, así como un fiscal y otras autoridades locales, quienes se desplazaron a la zona en dos helicópteros.

En ese poblado de viviendas precarias sólo se encontraron siete indígenas vivos, que habían llegado a la zona en busca de protección y que se negaban a salir del lugar, por lo que los representantes de la Defensoría tuvieron que dialogar con su dirigente para poder trasladarlos al refugio de la iglesia en Bagua Grande.

El Ministerio del Interior señaló, por su parte, que se ordenó la detención preliminar de 36 personas acusadas de los delitos de secuestro, homicidio calificado, entorpecimiento al funcionamiento de servicios públicos, disturbios y sedición.

Mientras tanto, en las militarizadas ciudades de Bagua Grande y Bagua Chica se flexibilizó el toque de queda, de seis de la tarde (en lugar de las tres) a seis de la mañana y el comercio vuelve a la normalidad, pero el temor y el malestar continúan latentes.