Odyssey el tesoro vuelve a España

NUEVA YORK/ MADRID- La madrugada del miércoles al jueves resultó bastante movida. Bien lo saben en el Ministerio de Cultura, donde se esperaba con impaciencia la resolución en primera instancia (es necesario, pues, esperar el pronunciamiento judicial definitivo) del juez federal de la Corte de Tampa (Florida), Mark Pizzo, sobre el caso que enfrenta al Estado español con la empresa cazatesoros Odyssey Marine Exploration (OME) por un botín de medio millón de monedas, cuyo hallazgo hizo público la empresa que dirige Greg Stemm en mayo de 2007 y que bautizó con el nombre en clave de «Black Swam».
Un plazo de diez días
Y la llamada se produjo poco tiempo antes de la medianoche con una resolución favorable para España: Odyssey debía devolver al Estado español íntegro el tesoro de monedas de oro y plata (que guarda desde hace casi dos años con celo en sus cuarteles de Tampa), así como el resto de enseres extraídos del pecio expoliado por la compañía, la fragata «Nuestra Señora de las Mercedes» a la que artilleros ingleses hundieron frente a las costas de Cádiz en 1804 con más de 200 personas a bordo y una importante carga de oro procedente del Virreinato de Perú. La sentencia, además, da un plazo para que se produzca la entrega: 10 días, que empezarán a contar en el momento en que el Juez Senior acepte el fallo en primera instancia, según se recoge en un comunicado hecho público ayer por el Ministerio de Cultura. Por otra parte, la empresa «cazatesoros», los descendientes y Perú (que se habían personado también en el litigio), tienen el mismo plazo de 10 días para reclamar la decisión de Pizzo.
La satisfacción no podía ayer disimularse en Cultura, donde la noticia se recibió con júbilo. La titular del Gabinete, que comparecía en la Comisión de Cultura del Senado, expresó su satisfacción y valoró la sentencia positivamente de cara al futuro. Para José Jiménez, director de Bellas Artes y Bienes Patrimoniales, es «sensacional y estamos eufóricos. Teníamos mucha confianza en la Corte de Tampa y aunque se trate de un planteamiento en primera instancia no hace sino reforzar las posiciones que hemos defendido en el juzgado», y añadió que, a pesar de que Odyssey haya pedido en reiteradas ocasiones una parte del botín por los servicios prestados (utilizar su tecnología puntera para extraer del fondo marino el que se ha calificado como mayor tesoro sumergido), «según lo dictado por el magistrado no tendría derecho a recibir cantidad económica alguna por las labores realizadas sin permiso del Estado español». La decisión señala también que los tribunales norteamericanos no tienen jurisdicción, es decir, no puede entrar a juzgar las reclamaciones realizadas por Perú y los descendientes de quienes perdieron la vida en la explosión de La Mercedes.
En declaraciones a LA RAZÓN, el representante legal de España en el caso, James Goold, indicó que «es una clara victoria para España que confirma que el tribunal de EE UU reconoce los principios que se aplican a los barcos hundidos, tanto españoles como de cualquier otra nación. El juez Pizzo ha subrayado un principio clave que los tribunales estadounidenses deben reconocer cumplir: han pasado más de doscientos años desde que La Mercedes explotó y el lugar de descanso de quienes perecieron debe permanecer como hasta ahora. La ley internacional reconoce la solemnidad del cementerio y el interés soberano de España en preservarlo», apuntó. La reacción de Stemm también fue inmediata y anunció que «recurrirá la recomendación del magistrado» y «utilizará todos los medios legales que estén a su alcance» para impedir que el botín regrese a suelo español, haciendo gala una vez más de su afán por dilatar «sine die» un contencioso que arrancó en los tribunales en julio de 2007. «Los jueces no son infalibes, como se evidencia en multitud de veredictos que son anulados todos los años en los tribunales de apelación», señaló. Por su parte, el primer ministro de Gibraltar, Peter Caruana, señaló que le parecía «muy bien» que haya ganado España, igual que si hubiera ganado la otra parte, ya que Gibraltar «no tiene ningún interés en este litigio».
La nota verbal de Exteriores
Tres son los ministros de Cultura que han lidiado con el «caso Odyssey», aunque bien es verdad que de distinta manera. El hallazgo del botín se produjo con Carmen Calvo como titular. Ella fue quien confirmó que el tesoro fue extraído en aguas internacionales «de un barco de bandera española» y bajo su mandato comenzó el juicio. OME siempre alegó que contó con permiso para operar en aguas españolas desde 1998, e implicó directamente a Exteriores (recordemos la nota verbal enviada por el gabinete de Moratinos en agosto de 2005 para trabajar en la extracción del pecio del HMS Sussex), cuya actitud se tachó de «permisiva» con los «cazatesoros». La implicación personal de César Antonio Molina significó un empujón en el caso. A él se debe la puesta en marcha de la Ley de Patrimonio Subacuático y el convenio, a punto de firmarse, con Defensa, para la protección del patrimonio sumergido, que queda en manos de González-Sinde.