Pumpido denuncia que la Policía no colabora con sus listas del entorno de ETA

El fiscal general del Estado Cándido Conde Pumpido denunció hoy que se tiene que apoyar únicamente en la Guardia Civil porque la Policía no atiende habitualmente a las peticiones de su Departamento en relación a la listas que periódicamente pretende presentar a las urnas el entorno de ETA ya que la Policía responde "sólo a las del juez instructor". Conde Pumpido hizo estas afirmaciones de las que dijo ya ha hablado con el Ministerio del Interior tras ser preguntado en los desayunos de Europa Press sobre las investigaciones que podrían estar en marcha en relación para averiguar si el entorno de ETA planea presentarse a las elecciones europeas. Tras anunciar que ya se han abierto unas diligencias informativas en el Tribunal Supremo en relación con este asunto, recordó que es gracias a la Guardia Civil que en el pasado se evitase la presentación de otras listas contaminadas. Preguntado del por qué de esta distinción entre ambos cuerpos subrayó que ha sido gracias a los informes de la Benemérita y no a la Policía el hecho de que se evitase que los proetarras fuesen a las urnas. "Es porque la Policía no responde a nuestras peticiones, sólo a las del juez instructor", añadió al tiempo que dijo que ya ha planteado el problema a Interior si bien pidió no seguir contestandoa esta cuestión.

formes de la Guardia Civil porque la Policía no atiende las indicaciones de la Fiscalía del Tribunal Supremo, sólo las del juez instructor", dijo.COMPETENCIA DE LA FISCALIA Según añadió, "la competencia para la impugnación corresponde a la Fiscalía del Tribunal Supremo por lo tanto es la que tiene que recibir directamente los informes que reclama de Guardia Civil y Policía". "En ocasiones no los hemos recibido", denunció. Preguntado acerca de si ha hablado sobre este asunto con el Ministerio del Interior se limitó a decir que "sí", al tiempo que solicitó no seguir contestando a preguntas sobres este tema. "Prefiero no seguir con este tema", zanjó. Ya una vez acabado el acto, Conde-Pumpido atendió a los medios de comunicación ante los que añadió que su Departamento se ha dirigido a la Guardia Civil "porque de manera muy puntual y muy concreta en ocasiones anteriores ante la impugnación de la Sala del 61 no se recibieron los informes policiales que se habían pedido". "En este caso se fue a lo seguro que es el trabajo que ha realizado siempre la Guardia Civil", añadió el fiscal general. Conde-Pumpido prefirió hablar de "colisión"o "problema puntual entre la función que corresponde a la Fiscalía del Tribunal Supremo y el proceso paralelo penal que se sigue en el Juzgado de instrucción de la Audiencia Nacional". Según reiteró, "la policía debe informar a cada uno de los órganos y la Policía entiende que es suficiente con informar a uno de ellos". "Me refiero al titular del procedimiento penal que en ese caso se estaba llevando", dijo en referencia al juez Baltasar Garzón. En ese sentido, manifestó su deseo de que sus palabras no generen un "conflicto"con el Ministerio del Interior. "El ministro del Interior (Alfredo Pérez Rubalcaba) conoce mi postura y ha tratado siempre de busca la solución más adecuada, no tengo para él más que expresiones de gratitud".REFORMAR LA LEY DE REGIMEN LOCAL En relación con la pregunta inicial, Conde-Pumpido aseguró no arrepentirse de la decisión tomada en su día por la Fiscalía, que apostó por una impugnación parcial de la listas que ANV presentó a las elecciones municipales de 2007 y recordó que, "en enero de 2009 se presentó una demanda de ilegalización del partido que fue atendida por el Tribunal Supremo y luego confirmada por el Tribunal Constitucional". "ANV ha sido ilegalizada de manera completa de acuerdo con los tiempos de la Justicia que no son iguales que los de la política, es decir, cuando la Fiscalía del Tribunal Supremo estimó que tenía una base suficiente", añadió. "La Fiscalía buscó la fórmula de impugnar las candidaturas, que --según dijo-- es lo mismo que se ha hecho con Askatasuna". No obstante, el fiscal general aceptó que existe "alguna laguna" en el proceso y defendió reformar la Ley de Régimen local "para establecer que es causa de disolución de ayuntamiento el hecho que este dirigido por un partido ilegalizado".