Rollán admite que sabía que la permuta era ilegal

La mano derecha de Tomás Gómez, la secretaria de Organización del PSOE de Madrid, Trinidad Rollán, intentó huir ayer de todas las cámaras. Llegó al juzgado número 4 de Torrejón más de una hora antes de su cita con el juez y cuando terminó de prestar declaración por su condición de imputada en un presunto caso de prevaricación urbanística, salió por la puerta de atrás, con el rostro tapado y huyó en un coche que la esperaba en la calle.

Fue demasiada la presión que supone ser la número dos del PSOE de Madrid y estar imputada. Sobre todo en un momento en el que su «jefe», Tomás Gómez, intenta centrar la crítica a Esperanza Aguirre en el hecho de que tres diputados regionales del PP estén imputados en el «caso Gürtel».

La salida a la luz de este caso ha supuesto que Gómez también tenga en sus filas dos imputadas: Rollán y la diputada Esperanza Rozas (ex edil de Torrejón) acusadas de prevaricación urbanística en el caso «Patrimonio Siglo XXI». Una circunstancia que ha anulado el ataque de Gómez a Aguirre por «Gürtel». Demasiado para Rollán que se derrumbó ante el juez.

Según fuentes consultadas por LA RAZÓN, Rollán argumentó que el secretario municipal, encargado de hacer la valoración del convenio, estuvo presente en el Pleno en el que se realizó la votación y no dijo nada. Admitió que al término del Pleno le entregó un papel escrito a mano en el que advertía que la operación urbanística con la empresa «Patrimonio Siglo XXI» para la urbanización del barrio de Mancha Amarilla era ilegal. Hasta ahora la mayoría de los concejales del PSOE que junto a Rollán votaron a favor del convenio, habían declarado que la ex alcaldesa nunca les dijo que el secretario no avalaba el convenio.

Versiones opuestas

Sin embargo, tanto Rollán como su concejal de Urbanismo en 2001, Francisco Martín Rojas, –también imputado– han admitido que sabían que el informe del secretario era negativo. En lo que se contradicen es en el momento en el que se enteraron de la ilegalidad de la firma. Mientras que ella afirmó ayer que no conoció la opinión del secretario hasta que finalizó el Pleno, Martín Rojas sostuvo en su declaración que una vez se inició el Pleno en el que se aprobó el convenio «apareció el expediente del que el declarante no había vuelto a tener conocimiento desde la comisión informativa, del secretario oponiéndose al mismo».

Posteriormente el edil de Urbanismo cargó contra Rollán al asegurar que «ni siquiera les dio tiempo a leer el informe en su integridad y que la alcaldesa decidió seguir adelante con la votación del orden del día». Lo cierto es que la votación no se anuló.

En relación a este caso y a la imputación de la diputada Rozas, el secretario de Comunicación del PP, Juan José Güemes, criticó que Gómez «pretende utilizar un criterio para juzgar a los de su partido y otro para juzgar el resto de los ciudadanos», algo que «evidencia su talla política y ética», informó Ep.