Toca disolver los ayuntamientos

E l Estado de Derecho está determinado a reducir hasta su extinción los espacios de impunidad de los que se ha beneficiado el entramado de ETA en el País Vasco. Poco a poco, la retomada estrategia que emana de la Ley de Partidos arrincona y asfixia a ese mundo terrorista que está condenado a desaparecer. La Sala del 61 del Tribunal Supremo dio otro paso más en esa dirección con el acuerdo de la disolución de los grupos municipales de Acción Nacionalista Vasca (ANV) en los ayuntamientos de Guipúzcoa, Vizcaya, Álava y Navarra en los que todavía perviven como tal y en las Juntas Generales de Álava. La decisión del Tribunal es consecuencia de la ejecución de la sentencia que ilegalizó al último sucedáneo de Batasuna, como integrante de la estructura terrorista. Aunque la eficacia administrativa de la decisión será ciertamente limitada, porque no supone la expulsión de los concejales proetarras de los consistorios y porque muchos de ellos ya se habían adelantado al Supremo y habían pasado al Grupo Mixto, política y, sobre todo, económicamente tiene una trascendencia considerable. El fallo ordena al presidente de las juntas y a los alcaldes de los ayuntamientos afectados que «cesen en el abono de toda cantidad que vinieran percibiendo dichos grupos». O lo que es igual, el Tribunal corta el grifo de una fuente de financiación importante para ese mundo en unos momentos en los que no anda precisamente sobrado de dinero. La ejecución del acuerdo del Alto Tribunal será probablemente complicada y pondrá a prueba a las Fuerzas de Seguridad ante los posibles episodios de desobediencia en los feudos proetarras. El Gobierno tendrá que estar vigilante y actuar en consecuencia para que no se burle la legalidad. Con la supresión de los grupos de ANV ya acordada, el siguiente paso debe ser la disolución de los ayuntamientos de la marca ETA mediante una aplicación ajustada de la Ley de Régimen Local. No parece razonable ni admisible que unos cargos que pertenecen a un partido ilegalizado por ser parte de una banda terrorista mantengan sus actas y su poder institucional. El Estado de Derecho debe corregir con urgencia una anomalía democrática que da un balón de oxígeno a ETA mientras debilita a los demócratas. Hay base suficiente en nuestro ordenamiento para proceder contra esos ayuntamientos, habrá que ver si la voluntad política hace el resto. Nadie puede hoy poner en duda que el Estado de Derecho ha emprendido al fin el camino correcto para derrotar al terrorismo. El cambio político en el País Vasco ha dado un espaldarazo fundamental en esa lucha al convertir Ajuria Enea en otro foco activo y comprometido por recuperar la libertad plena. La implicación absoluta de la Ertzaintza en una política de tolerancia cero contra ETA y de erradicación de cualquier episodio de enaltecimiento o propaganda etarra está acabando poco a poco con la iconografía del terror de las calles vascas. Que todos los poderes del Estado empujaran en la misma dirección y con idéntica determinación fue uno de los objetivos de aquel Pacto Antiterrorista crucial y hoy es una realidad. Quedan, desde luego, rincones que ventilar y voluntades que vencer. No ayudan, por ejemplo, los errores de ingenuidad de la Audiencia Nacional con su permisividad hacia los homenajes públicos a terroristas fallecidos, presos o huidos. La sociedad no puede ni debe comprender esas decisiones y sólo nos cabe pedir que se subsanen. Ahora se trata de no bajar la guardia y, desde la unidad política ejemplar, estrechar el cerco sobre ETA. A medida que el terror retroceda y la democracia avance, el País Vasco tendrá más cerca su normalización definitiva.