Tres años de cárcel para Navarro por falsear 30 identificaciones del Yak-42

Seis años después de que el accidente aéreo del Yak-42 en Turquía segara la vida de sus seres queridos, los familiares de los 62 militares fallecidos conocieron ayer a las puertas de la Audiencia Nacional (no se les permitió la entrada) la sentencia que condena al general de División del Cuerpo Militar de Sanidad Vicente Navarro, encargado de repatriar los cuerpos, a tres años de cárcel por «falsear la verdad» al entregar 30 cadáveres que sabía que estaban sin identificar. A sus dos subordinados, el comandante José Ramírez y el capitán Miguel Sáez, el tribunal –presidido por el magistrado Javier Gómez Bermúdez– les ha impuesto una pena de un año y medio de prisión como «cómplices». Navarro, o en su defecto los otros dos condenados, deberá pagar a cada familia 10.000 euros de indemnización, una cantidad a la que tendrá que hacer frente de forma subsidiaria el Ministerio de Defensa, una vez establecida por la Sala la responsabilidad civil del Estado. El general, además, ha sido condenado a pagar una multa de 1.800 euros (la mitad en el caso de Ramírez y Sáez), y sobre él pesa ya una inhabilitación de dos años (uno para los otros dos procesados).

Avala a los forenses turcos

No se trató de un error ni de una imprudencia. La sentencia no ahorra argumentos para concluir que Navarro «era consciente de que no tenía identificados 30 cuerpos y, no obstante, decidió falsear la verdad». Y eso, admite, aunque no obtuviera beneficio alguno, «ni quisiera directamente causar perjuicio a las familias de los fallecidos».

Para los magistrados, «no es verosímil» que dos generales «con amplia experiencia (además de Navarro, José Antonio Beltrán, que no fue procesado) firmasen el acta turca (el documento de entrega de los cadáveres) «responsabilizándose de la repatriación en condiciones irregulares de 62 cadáveres sin conocer el contenido de lo que están firmando» (tal y como alegó Navarro en el juicio). Sobre todo, añade, teniendo en cuenta que tuvieron a su disposición a un intérprete.

El tribunal ahuyenta cualquier duda sobre el trabajo de los forenses turcos (que intentaron desprestigiar las defensas de los acusados). Avisaron al equipo español de que había que tomar muestras de ADN de esa treintena de cuerpos para establecer de forma certera sus identidades. Nada de eso se hizo hasta que los cadáveres fueron exhumados en noviembre de 2004.

El valor de ese acta turca, subraya el fallo, es «incontestable». «Los 32 cuerpos que en el acta aparecen identificados estaban bien identificados, y mal los 30 a los que no se asignó identidad».

A estas evidencias, añade la Sala, el general contestó con «evasivas», escudándose en que redactó una lista en la que esa treintena de cuerpos sí estaban identificados basándose en unas notas que después destruyó. «Lo cierto es que las identidades habían sido asignadas de forma aleatoria», rebate el tribunal. Pese a ello, Navarro manifestó a Beltrán que él los tenía identificados, «lo que no se correspondía con la realidad».

Para la Sala, «no consta» que los otros dos acusados intervinieran en la confección de la polémica lista. Sin embargo, considera a ambos «cómplices» no necesarios, porque el delito de falsedad documental se podría haber realizado sin su colaboración. Ambos redactaron, una vez en España y por indicación de Navarro, los informes de necropsia que necesitaba éste para extender los certificados de defunción que demandaban las familias.

«Dulcificaron» las lesiones

En esos informes, Ramírez y Sáez «dulcificaron» la descripción de las lesiones y omitieron «conscientemente» las que podían despertar «recelos o dudas» acerca del trabajo realizado por Navarro. De haber consignado por escrito que algunos cuerpos estaban totalmente carbonizados, «hubiera resultado evidente para cualquier persona que éstos no podían haber sido identificados con el simple examen visual». Con esa acción, «facilitaron» la comisión del delito.

Navarro no tendrá que ingresar por ahora en prisión, a la espera de que se pronuncie el Tribunal Supremo sobre su recurso.