Una juez ve «motivos suficientes» para atribuir un delito de prevaricación al alcalde de Almuñécar

La juez titular del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción 2 de Almuñécar (Granada) considera que existen «motivos suficientes» para atribuir un delito de prevaricación al alcalde de Almuñécar, Juan Carlos Benavides (CA), por promover y ejecutar varias resoluciones administrativas en contra del centro de educación ambiental «Karanda S L» y el camping «Carambolo», de los que es representante el edil de IU en el Consistorio, Fermín Tejero. En el auto, que transforma las diligencias abiertas en procedimiento abreviado, la juez ve los mismos indicios de delito en la actuación del ex concejal de Urbanismo de Almuñécar, Emilio González Pavesio, y en la de un administrativo de la entidad local, F. O., con lo que acepta la denuncia del edil de la formación de izquierdas que motivó la apertura de la investigación. Así, de las diligencias practicadas se desprende, según consta en la resolución judicial, facilitada a Ep, que las citadas resoluciones se promovieron y ejecutaron «a sabiendas de su injusticia», por lo que puede considerarse «a prima facie» que existen indicios de prevaricación por parte de los imputados, que se sitúan a un paso de la apertura de juicio oral. Al respecto, el edil Fermín Tejero denunció ayer que Benavides «lo ha acosado y presionado institucionalmente» desde 2005 por mostrarse contrario al planeamiento urbanístico que proyecta para la ciudad y, concretamente, por negarse a que se otorgara la máxima edificabilidad a los terrenos donde se encuentra el centro «Karanda», de su propiedad. Relató que el centro fue objeto de hasta cuatro inspecciones en un sólo día, un procedimiento que además consideró «infrecuente», al ser efectuado por «auxiliares administrativos y no por técnicos cualificados».